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Opiniones de hoy

Invierno y verano en calamidad

opinion

En los últimos gobiernos, incluso podemos decir que las calamidades de la población desafortunada víctima de los desastres eran un periodo de bonanza para funcionarios.

 

El descuido, el abandono y la irresponsabilidad en afrontar los problemas del país, nos están llevando a vivir en un Estado de Calamidad permanente. La reciente publicación del Decreto Gubernativo número 1-2017 por el cual se declara Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, debido a los incendios que se producen en varios departamentos en la época de mayor calor que está por terminar, es una historia que ya lleva más de 15 años siendo recurrente año con año.

Lo mismo ocurre con la época de lluvia cuando se producen numerosas catástrofes siendo las más recordadas el Mitch, la tormenta Stan y otras más de menor impacto pero que igualmente ocasionan numerosos daños. Los más lamentable además de las víctimas es la inercia con que estos eventos son tomados por las autoridades de turno, que reaccionan cuando la emergencia ya está declarada y son incapaces de producir medidas de prevención duraderas, a sabiendas de los riesgos existentes ampliamente conocidos.

En los últimos gobiernos, incluso podemos decir que las calamidades de la población desafortunada víctima de los desastres eran un periodo de bonanza para funcionarios que, amparados en decretos promulgados por acuerdos gubernativos, realizaban eventos de compra sin atender los mecanismos establecidos en ley tales como la cotización y licitación, llegándose a gastar cifras millonarias que no impactaban en atender a la población damnificada, pero que sí engordaban los bolsillos de numerosos funcionarios.

De acuerdo con las reformas hechas a la Ley de Contrataciones del Estado, cuando es declarado el Estado de Calamidad Pública, no le serán obligatorias ni las cotizaciones ni las licitaciones a las dependencias y entidades públicas, siempre y cuando las compras y adquisiciones que se efectúen tengan relación con los hechos por los que se declara la calamidad. Antes de la reforma cualquier compra, aunque no tuviera relación con los desastres naturales que originaban el Estado de Calamidad, era permitida y fue así como en los gobiernos de Colom y Pérez, se llegaron a normalizar los periodos de emergencia y calamidad.

La misma de ley de contrataciones llegó a quedar sin uso, siendo la regla la compra directa durante buena parte de estos dos periodos de gobierno. Como efecto de estas prácticas, mucha de la infraestructura del país ha venido colapsando por su mala calidad al haber sido contratada discrecionalmente sin supervisión de calidad alguna.

El Congreso por su parte ha sido comparsa de estas medidas ejecutivas ya sea aprobando o extendiendo los periodos dictados por el Ejecutivo, sin ejercer el control ni la fiscalización que amerita esta disposición. Lo mismo están haciendo en este último caso, al negarse a conocer la ratificación, modificación o aprobación del decreto gubernativo, seguramente con la intención de que transcurran los 30 días de vigencia del decreto, con lo cual quedan validadas todas las adquisiciones realizadas durante el mes que en este caso va del 19 de abril al 19 de mayo.

Ya que en nuestro pasado reciente, presente y futuro las calamidades entraron a formar parte del paisaje, más valdría que el Congreso en lugar de ser simple solapa, se pusiera a revisar la Ley Orden Público que por cierto data del año 1965, una época en que estaban más de moda los toques de queda que las tragedias por desastres naturales, ambas contempladas en la misma ley.

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