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Opiniones de hoy

Ataques contra el transporte

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La semana pasada se incrementaron los ataques contra los  pilotos, ayudantes y usuarios del servicio urbano de autobuses, especialmente en las rutas 21 y 22 que operan desde la Calzada San Juan y desde la Colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, hacia la Terminal en la zona 4 de la Capital.

Según la oficina del Procurador de Derechos Humanos, 74 personas han fallecido como consecuencia de los ataques contra el servicio de transporte durante el año 2017, en tanto que  la Asociación de Viudas de Pilotos registró 60 niños huérfanos a raíz de la muerte violenta de sus progenitores.

De los 74 homicidios registrados al 21 de abril de 2017, diez eran usuarios, 18 pilotos y diez ayudantes de autobuses urbanos, así como 13 conductores de taxis.

Como consecuencia de los hechos de sangre, los transportistas han decidido la suspensión del servicio de transporte urbano en varias oportunidades. La semana pasada tuvo lugar uno de estos paros del transporte urbano, que conllevan repudio, temor y protesta ante la impotencia e inacción de la policía en función de garantizar la protección y defensa del transporte urbano.

Sin duda, las extorsiones son la causa principal de estos ataques contra el servicio de transporte público. Las extorsiones suponen presiones, mediante amenazas violentas sobre las víctimas, para que estas paguen ciertas sumas de dinero en forma mensual, a cambio de no ser agredidas.

Generalmente, los delincuentes ejecutan sus amenazas cuando las víctimas no ceden ante sus requerimientos. Los ataques contra la vida, integridad personal y bienes de los extorsionados no se dejan esperar.

Abundan los casos de salvajes asesinatos, violaciones, lesiones y robos que ilustran hasta dónde llegan estos criminales cuando los amenazados no les entregan los dineros que les son exigidos, no solo con motivo del servicio de transporte público, sino que en todo tipo de actividades empresariales, profesionales y económicas en general.

Inequívocamente, los efectos perniciosos de las extorsiones por parte de mareros y pandilleros son inconmensurables. Los perjuicios sobre la economía son devastadores, ya que la gente vive intranquila y desconfiada. Esto impacta negativamente en los negocios, la inversión, el empleo y el consumo.

Insistimos, una vez más, que la extorsión es el crimen de mayor incidencia en el país y, por ende, debe ser combatida por el Estado con toda energía y sin escatimar esfuerzos y recursos.

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