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Opiniones de hoy

Actoras históricas

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Las mujeres indígenas son un eslabón clave del proyecto refundacional del Estado.

 

Los Acuerdos de Paz han sido una quimera liberal-desarrollista inconclusa, con avances ínfimos en materia socioeconómica y agraria, reforma constitucional y electoral, donde quizás el incumplimiento del AIDPI es el más regresivo en términos “democráticos”, pues evidencia la matriz estructural del racismo en el sistema finca (el no reconocimiento del pluralismo jurídico es una herencia colonial) y consolida el carácter monoétnico y monocultural del Estado, un Estado que ha confinado a la marginalidad a los pueblos originarios, en mayor medida a las mujeres indígenas.

A lo largo de los siglos, las mujeres indígenas han sufrido explotación laboral, censura y veto de sus derechos cívico-políticos, esclavitud sexual durante el CAI (aplaudo la osadía de las mujeres del caso Sepur Zarco al exigir justicia al Estado post-genocida), represión por la resistencia, defensa del territorio y bienes naturales (luchas corajudas contra la minería e hidroeléctricas de organizaciones como AMISMAXAJ, AGIMS y MAUX), y víctimas de la violencia intrafamiliar y femicidio (país con la tercera tasa más alta del mundo).

Pese a que la CPRG estipula la protección de los grupos étnicos, el Estado no reconoce a cabalidad los usos y costumbres que regulan la vida comunitaria y las relaciones sociales de las mujeres indígenas con respecto a sus territorios, formas de autogobierno, conservación de la Madre Tierra y prácticas médicas ancestrales. Más bien, la Carta Magna favorece las prerrogativas del modelo neoliberal donde se encuentran asentadas las causas de la discriminación y violaciones de los derechos de las mujeres indígenas.

En la actualidad, la institucionalidad pública para proveer bienes y servicios a las mujeres indígenas es disfuncional, desfinanciada y sin incidencia política (la DEMI es un satélite gubernamental folclorista), por ello es urgente promulgar una iniciativa de ley para la reivindicación, defensa y cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas.

La apuesta estratégica debe ser aprobar una norma que trascienda la burocratización y conciba a las mujeres indígenas como sujetas sociopolíticas, como constructoras de sus alternativas de desarrollo y gestoras de sus propias realidades sociales.

La ley debe garantizar el acceso a la tierra, a la seguridad y a la justicia, a la educación y a la salud, al trabajo, a la participación política y a la ciudadanía plena; y a su vez armonizarse con los instrumentos internacionales que protegen las facultades de las mujeres indígenas.

framont@gmail.com

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