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Opiniones de hoy

Estado de Calamidad Pública

opinion

El Gobierno decretó el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, por el plazo de 30 días, a raíz de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), determinó que se habían producido 619 incendios a nivel nacional, que consumieron alrededor de 6 mil hectáreas. Solo en el Petén se consumieron unas un 1,500 hectáreas.

De conformidad con la Ley de Orden Público, el Presidente de la República podrá decretar el Estado de Calamidad Pública, que es un estado de emergencia (al igual que los estados de prevención, alarma, de sitio y de guerra) “para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.

Asimismo, la Constitución establece que: “Además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente”.

Conocer del decreto de Estado de Calamidad supone que el Congreso debe examinar, deliberar, calificar, dictaminar y decidir sobre el mismo y no simplemente tomar nota de él, como se ha venido pretendiendo desde el régimen de Álvaro Colom (2008-12), durante el cual prácticamente se mantuvo la vigencia indefinida del Estado de Calamidad, a raíz de la tormenta Agatha, sin que el Congreso lo conociera.

Es decir que el Congreso, dentro de un plazo perentorio de tres días, debe ratificar, aprobar o improbar el Estado de Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo. Luego, si el Congreso dentro de ese plazo fatal no ratifica o aprueba el Estado de Calamidad este se entenderá rechazado o improbado; y, por consiguiente, perderá vigencia ipso facto.

De esa cuenta, el plazo máximo de vigencia de un Estado de Calamidad sin contar con la ratificación o aprobación del Congreso es solamente de tres días. No más. En todo caso, la Ley de Orden Público dispone: “En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez”.

De esa cuenta, solo tendrá validez lo actuado por el Ejecutivo, bajo un Estado de Calamidad, durante el plazo de tres días cuando el Congreso no lo hubiere ratificado o aprobado. Por tanto, lo actuado por las autoridades, en el marco del Estado de Calamidad, después del tercer día, sin que haya sido ratificado o aprobado por el Congreso, es inválido (nulo) y susceptible de que se deduzcan las responsabilidades legales pertinentes en su contra.

Sin duda, preocupan las contrataciones y adquisiciones de bienes sin licitación y la opacidad, que son el pan de cada día bajo un Estado de Calamidad Pública.

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