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Opiniones de hoy

Salida a la crisis institucional

opinion

Impulsar la reforma política, a mi criterio, es la primera prioridad para rescatar a las instituciones y superar la crisis que el país sufre.

El lento ritmo que el Congreso de la República (partidos políticos) impone al proceso de reforma constitucional aumenta mi convencimiento sobre lo apropiado que habría sido que, con el respaldo de los electores, el Gobierno electo en 2015 se hubiera dedicado hasta enero 2018 a impulsar la reforma política que, a mi criterio, es la primera prioridad para rescatar a las instituciones y superar la crisis que el país sufre, dando paso a nuevas elecciones a medio período para iniciar el proceso de construcción democrática y republicana. Con la parsimonia observada en el Congreso, quizás tendremos oportuna reforma constitucional del sector Justicia, pero difícilmente estarán vigentes en 2019 las reformas a la LEYDPP que sentarían las bases para la construcción de nuestro sistema político.

El fracaso de estos intentos de reforma será inconveniente para la sostenibilidad del sistema político y para el desarrollo económico y social del país y será insoportable para la ciudadanía, en especial para aquella que tomó plazas y calles exigiendo cambios que la vieja clase política enquistada en el Estado se niega a gestionar, porque limitarían su capacidad de maniobra, abriendo el paso al empoderamiento de los ciudadanos, especialmente los afiliados a los partidos políticos, cuyas opiniones, planteamientos y participación directa tendrían mayor posibilidad de incidir en las acciones partidarias y en la ocupación de cargos dirigenciales partidarios y en inclusión de candidaturas a puestos de elección popular.

La primera tarea consiste en preparar los textos constitucionales relativos al tamaño de los distritos y a la introducción de la revocatoria del mandato de los funcionarios electos; simultáneamente, la adecuación de estos contenidos en el texto de la LEYDPP, así como de los relativos a la democracia interna de los partidos, al fortalecimiento de la autonomía institucional del Tribunal Supremo Electoral y a la capacidad para que los comités cívicos electorales inscriban candidatos a diputados en sus respectivos distritos.

La reforma del Artículo 157 es necesaria para conformar distritos electorales pequeños y superar la limitación del texto actual relativo a que “cada uno de los Departamentos de la República constituye un distrito electoral”, y el municipio de Guatemala, el Distrito Central. Distritos estos, tan grandes, que los electores no identifican ni relacionan a sus candidatos por elegir o ya electos. Mayor número de distritos, disminuye su tamaño y acerca a los ciudadanos y la elección se realiza con conocimiento de los candidatos y no en listas obscuras. En los Artículos 157, 184 y 254, se introduciría la institución de la revocatoria del mandato de los funcionarios electos por el procedimiento de consulta popular.

La segunda tarea consiste en dar trámite a la convocatoria a una Consulta Popular para que el soberano se pronuncie sobre estos temas: el texto del Artículo 157, y las adiciones a los Artículos 184 y 254; y la clara instrucción de reforma de la LEYDPP, a fin de que el próximo evento electoral se rija por estas disposiciones. Así, las elecciones de 2019, iniciarían una prometedora renovación de los poderes del Estado, en la que la voluntad ciudadana incide en las decisiones, superando a la partidocracia que actualmente lo decide todo y teniendo en mente que la incorporación de la revocatoria del mandato ofrecería el procedimiento democrático idóneo para la depuración de los poderes.

¡Es hora de empezar esta importante tarea!

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