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Opiniones de hoy

Rendición de cuentas de la Copredeh

opinion

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada durante el régimen de Jorge Serrano (1991-3), mediante Acuerdo Gubernativo 486-91, de fecha de 12 de julio de 1991, y sus reformas, es una dependencia de apoyo al Presidente en cuestión de derechos humanos. Por ende, la Copredeh, desde su creación, supuestamente presta apoyo al Presidente en materia de derechos humanos.

Dado que la Secretaría de Bienestar Social (SBS), a cargo de los centros correccionales y de protección de menores, también es una dependencia presidencial, en plena crisis humanitaria, el Procurador de Derechos Humanos (PDH), de oficio, debería establecer si la Copredeh ha apoyado o no a la SBS en cuestión de derechos humanos y, en caso negativo, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.

En todo caso, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2017, se asignó a la Copredeh un gasto que asciende a la suma de Q208.1 millones, extremo que, además de ser ilegal, ya que no pueden asignarse fondos a una comisión presidencial, supone un exceso, considerando que el gasto asignado a la Copredeh es mayor que el gasto de la Procuraduría General de la Nación –PGN– (Q 81.4 millones) y que el gasto de la Oficina del PDH (Q130 millones), y casi igual al de la SBS (Q224.9 millones), sin que la Copredeh tenga responsabilidades similares a las que tiene la PGN, el PDH y la SBS.

Por otro lado, cabe reiterar que la Copredeh ha actuado en representación del Estado en el plano internacional, específicamente ante los Sistemas de DD. HH. de la ONU y de la OEA, sin tener la representación legal del Estado, ya que esta le corresponde, con exclusividad, al Presidente y al Canciller, conforme la Convención de Viena. Es más, abogados de la Copredeh, en ejercicio de mandatos judiciales otorgados por el Procurador General de la Nación, quien tiene la representación legal del Estado en el plano nacional (no internacional), sin instrucciones expresas e inequívocas del Estado, han otorgado y suscrito Acuerdos de Solución Amigable ante la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), así como, en nombre del Estado, se han allanado a pretensiones de reclamantes en procesos ante la Corte Interamericana de DD. HH., lo que supone la renuncia en juicio al derecho de defensa del Estado, el cual es inalienable e irrenunciable.

En nuestra opinión, las actuaciones de los referidos mandatarios y del actual Presidente de la Copredeh (con base en el inconstitucional Acuerdo Gubernativo 266 de fecha 22 de septiembre de 2016, que inexplicablemente no ha sido publicado en el diario oficial y cuya impugnación es procedente), dentro de los procedimientos y procesos ante la CIDH y ante la Corte Interamericana de DD. HH., son nulas de pleno derecho, por falta de legitimación activa de los presuntos personeros del Estado. Por ello, también son nulas ipso jure dentro de los indicados procedimientos y procesos las renuncias al derecho de defensa del Estado, el desistimiento de pruebas propuestas por el Estado y los allanamientos ipso facto a pretensiones de los reclamantes.

Finalmente, el MP, cuya función principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, la PGN, que debe defender los intereses del Estado, y la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza todo interés hacendario, deben iniciar la averiguación de las irregularidades y anomalías denunciadas, impugnar lo que se tenga que impugnar, así como deducir las correspondientes responsabilidades legales, conforme el Artículo 155 constitucional.

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