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Opiniones de hoy

Lucha contra la impunidad

opinion

El Poder Judicial tiene cobertura en todos los municipios..

 

En recientes declaraciones, el responsable de la CICIG, Iván Velásquez, expresó: “Guatemala ha sido diseñada para la impunidad. Todo se pensó para que la justicia no funcionara (…). Solo el 10 por ciento de los municipios del país tienen Ministerio Público (MP)”.

No estoy tan seguro que el diseño constitucional del Estado de Guatemala haya sido para la impunidad. Sin embargo, de lo que sí estoy convencido es que la prioridad de las autoridades estatales no ha sido la construcción de un sólido Estado de Derecho, que asegure el imperio de la ley y una administración de justicia pronta y cumplida. De hecho, en el presupuesto estatal se asigna menos del siete por ciento de los ingresos estatales a todas las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial –OJ–, MP, Instituto de la Defensa Pública Penal

–IDPP–, Instituto Nacional de Ciencias Forenses –Inacif– y el Sistema Penitenciario), lo que evidencia el bajo interés en su fortalecimiento y eficacia.

Por otro lado, el grueso de los recursos financieros del Estado se destina a atender otros asuntos. Es más, para ninguno es un secreto que la mayor parte de estas erogaciones se consume en funcionamiento, el cual está contaminado por males endémicos como la burocratización, el rentismo, el despilfarro y la corrupción. Además, el poco gasto de inversión se corrompe con la sobrevaloración y el clientelismo político.

En el marco del proceso penal inquisitivo, que estuvo vigente hasta 1994, los jueces, de oficio, dirigían y llevaban a cabo la investigación criminal, que redundaba en la acusación de los imputados. El MP cumplía una función de auxiliar de la administración de justicia, por lo que su importancia era relativa.

A partir de la vigencia, en 1994, de la reforma constitucional, aprobada mediante el Acuerdo Legislativo 18-93, y del actual Código Procesal Penal (CPP), se introdujo el proceso penal acusatorio, basado en el contradictorio, dentro del cual el MP dirige, coordina e impulsa la investigación criminal, así como promueve la acción penal pública. De ahí que el papel del MP se volvió determinante y su presencia en las distintas sedes judiciales sea fundamental.

De hecho, la falta de presencia del MP en la mayor parte de los municipios del país, ha impedido que la disposición del CPP que otorga competencia a los jueces de paz penal, para que conozcan casos que suponen la comisión de delitos sancionados con prisión hasta cinco años y no solo los hechos punibles sancionados con privación de libertad hasta de un año o con multa, pueda implementarse en todos los municipios, sino que solo en aquellos en donde el MP tiene presencia.

En todo caso, cabe advertir que el OJ tiene cobertura, a través de juzgados de paz (en su mayoría letrados), en el cien por ciento de los municipios. Sin duda, un esfuerzo titánico que merece reconocimiento. Sin embargo, la falta de cobertura del MP (que denuncia el CICIG), así como del IDPP, que provee la defensa de oficio, y del Inacif, ha sido imposible implementar la referida ampliación de la competencia a los juzgados de paz penal, extremo lo que ha impedido descongestionar los juzgados de primera instancia penal, así como garantizar un mayor acceso a la justicia oficial y, con ello, asegurar la pertinente, oportuna y pacífica resolución de conflictos.

De suerte que el problema principal de la justicia oficial no está en que las leyes sean inadecuadas o restrictivas, ni en la cuestión jurisdiccional, como sostienen algunos, sino en que las instituciones del sector justicia no cuentan con los recursos financieros suficientes para su funcionamiento eficiente y eficaz. Entonces, el desafío está en cómo garantizarles los fondos requeridos.

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