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Opiniones de hoy

El ajuste a la legalidad

opinion

A ese punto no se ha llegado.

 

El presidente Jimmy Morales no se siente cómodo con la política de Washington, tampoco un buen número de diputados de diferentes bancadas, ni ciertos conspicuos empresarios. Asocian a la voluntad de la Casa Blanca la persecución penal contra representativos de las elites –por diversos delitos– desatada en el país desde hace dos años, sin garantía de inmunidad para nadie; además de otros eventos que les incomodan relacionados con el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la reivindicación de los derechos de comunidades y pueblos indígenas.

Están irritados, contrariados y hasta decepcionados, y no encuentran el lenguaje, o sea, la forma de hacer valer sus tradicionales intereses. No pueden decir que están en contra de la lucha contra la corrupción. Tampoco que adversan la aplicación de convenciones globales que aprobó el Estado guatemalteco desde hace 70 años, y hasta ahora. Menos que les disgusta cumplir obligaciones tributarias y laborales. A tientas se animaron a construir el sofisma de que la persecución penal debilita el debido proceso, con lo cual se genera incertidumbre que desanima la inversión, que, a su vez, deprime la creación de puestos de trabajo y, por tanto, conspira contra el objetivo estratégico de los EE. UU., desalentar la inmigración ilegal.

Han probado todas las maneras. Contratan despachos de cabildeo (la última noticia que tuve, por un periodista local, mientras llevábamos a cabo una entrevista radial, es que pagaron 2 millones de dólares a Otto Reich y a un colega suyo). Realizan constantes visitas directas al Capitolio. Intentan la declaratoria de no gratos a quienes consideran operadores que sobrepasan sus obligaciones, el comisionado Iván Velásquez y el embajador Todd Robinson. Hay conatos de denuncia en el Congreso de Guatemala. El propio presidente Morales ha probado todos los caminos del laberinto diplomático, incluyendo una reciente carta impertinente de su representante personal para temas migratorios, y, para variar, tuvo que recular.

A pesar de la significativa inversión política (pérdida de credibilidad) y financiera (capitales de dudoso retorno) de estos tres sectores de las clases política y empresarial, hasta ahora nada ha resultado. Washington sigue inconmovible, no importa si es Obama o Trump quien dirige la Casa Blanca, Clinton o Tillerson el Departamento de Estado, demócratas o republicanos los que dominen el Capitolio. Washington tiene una política para Guatemala –que está dando resultados– y no cambiará quizá en 20 años, aunque muden los gobiernos.

Esa política es el ajuste a la legalidad que las propias elites se dieron, incluyendo la imitación de las mejores prácticas internacionales. Ese punto de ajuste no ha llegado, dijo el comisionado Velásquez hace un par de semanas en la reunión de la SIP. Por eso la CICIG seguirá “por lo menos” hasta 2019. La resistencia al “ajuste” puede tener costos aún más elevados, tanto políticos como económicos, que podrían llegar a fracturar al país, por violencia política o distorsiones cambiarias. Pero como el punto focal no cambiará, es lógico que el funcionario del Ejecutivo creíble en Washington sea el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, aunque en Guatemala lo ataquen por su genealogía.

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