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Opiniones de hoy

Escenarios de depuración

opinion

Las dos rutas legales y un escenario político impredecible.

 

En semanas recientes, hemos atestiguado el surgimiento de un movimiento que demanda la depuración del Congreso. Las razones son evidentes. Primero, porque con la llegada del 2017, el Legislativo perdió eficacia en comparación con el año pasado, además que vemos un menor compromiso con la agenda reformista. Segundo, porque luego de superado el impasse del pluralismo jurídico, el Congreso ha dejado en la congeladora la Reforma Constitucional, tan necesaria para reformular el sistema de elección de jueces. Y tercero, porque durante el mes de marzo, se presentaron sendos esfuerzos de procuración de impunidad desde el Congreso. A esto agreguemos que uno de cada seis legisladores actuales enfrenta proceso de antejuicio o ya ha sido ligado a proceso penal por diferentes tipos ilícitos.

Antes que nada, es importe recordar que la depuración de 1994 (luego del Serranazo) se realizó por medio de una ruta “extra-legal”. Es decir, ni la Constitución Política ni las leyes ordinarias contemplan un mecanismo para depurar políticamente al Legislativo y convocar a elecciones extraordinarias previo a la culminación de su mandato.

Bajo esta limitación, existen dos rutas para una depuración: 1) la judicial, que implica que el Ministerio Público –junto a CICIG– presenten acusaciones contra parlamentarios, y que una vez dictado auto de procesamiento, los mismos sean separados de sus cargos. Y 2) la política, según la cual ante la presión de opinión pública, se solicite la dimisión de varios legisladores. No obstante, en ambos casos, la Constitución, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Congreso establecen el mecanismo de sustitución de los “depurados”. Simplemente se llama al siguiente en el listado del partido y distrito por el cual fueron electos, y en caso de agotarse la lista distrital, se procede con los candidatos de Lista Nacional. De tal manera, una depuración total requeriría de miles de renuncias “en dominó” de legisladores y sus varios posibles sustitutos.

Ante la complejidad del escenario político, todo indicaría que seguiremos atestiguando una depuración judicial. Y los esperados casos de Odebrecht, Transurbano y otros, indican que probablemente este será el camino a utilizar.

De un simple análisis de quiénes serían los “depurables” a la luz de los casos antes señalados, destaca un efecto concreto: la sustitución de caciques y diputados con varias legislaturas en su haber, por decenas de diputados totalmente desconocidos. Esta situación hace difícil proyectar el efecto neto de la depuración. Asimismo, dado que muchos de los “depurables” fueron electos en 2015 por Patriota y Lider, y dado que ambos partidos han sido cancelados, el balance de fuerzas en el Congreso se alteraría considerablemente. Por un lado, partidos receptores de tránsfugas como FCN-Nación, Reformador o Alianza Ciudadana, sufrirían una merma de sus números; pero por otro lado, dado que gran número de sustitutos provendrían de los partidos cancelados, tendríamos un Congreso con más de una treintena de diputados “independientes”, por lo que evaluar el balance de fuerzas potencial también resulta incierto.

Con tanta incertidumbre, es imposible concluir si un Congreso post-depuración continuaría respondiendo a la vieja política, o si adoptarían un camino reformista. La única certeza que debe resaltarse es que sin una reforma al sistema de elección de diputados, todo seguirá igual.

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