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Opiniones de hoy

Totalitarismo chavista

opinion

El régimen chavista en Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha continuado su avance inexorable hacia el denominado Socialismo del Siglo XXI, sustentado en el estatismo totalitario.

El último movimiento político chavista con miras a la concentración absoluta del poder lo hizo la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo desde diciembre de 2015, al disponer: “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho” y al ordenar al Presidente Maduro que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional”. Sin duda, un zarpazo a la institucionalidad democrática republicana, sustentada en la separación de poderes y la voluntad popular.

Cabe recordar que, desde que la oposición (MUD) ganó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015, habiendo obtenido 112 de las 167 diputaciones de la Asamblea Nacional (AN), o sea más de la mayoría calificada (111), el chavismo se propuso limitar las funciones legislativas de la AN. La primera jugada política del chavismo fue tomar control absoluto del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en diciembre de 2015, así como dejar en suspenso la elección de 3 de los diputados de la MUD (dejándola con 109 diputados, es decir sin la mayoría calificada en la AN), a través de la siguiente resolución: “El TSJ ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional”.

Por cierto, mediante mayoría calificada (111 votos), la AN, según la Constitución de Venezuela, puede, entre otros, aprobar: (i) Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; (ii) Proyectos de reforma constitucional; (iii) Proyectos de leyes orgánicas, así como las modificaciones a las ya existentes; (iv) Elegir y remover a los magistrados del TSJ, a los miembros del Poder Ciudadano y a los rectores del CNE; y (v) Someter proyectos de ley a referendo aprobatorio.

Desde el 11 de enero de 2016, el TSJ ha venido sosteniendo que todos los actos de la nueva AN, instalada el 5 de enero de 2016, son nulos mientras sigan juramentados los 3 diputados opositores (MUD) de Amazonas, cuya elección quedó en suspenso. Por cierto, el TSJ no ha resuelto en definitiva la impugnación de dicha elección ni, en su caso, el CNE ha convocado a una nueva elección.

De esa cuenta, aunque el sábado pasado el TSJ revirtió su decisión de relevar a la AN de sus funciones constitucionales, el TSJ persiste en mantener en desacato a la AN y considerar nulas sus actuaciones, lo que, para los efectos, es lo mismo que si la AN estuviera clausurada.

En nuestra opinión, dado que la Fiscal General de Venezuela (FGV), Luisa Ortega Díaz, respecto de lo resuelto por el TSJ, expresó: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, los integrantes del TSJ cometieron prevaricato, por lo que la FGV debe promover en su contra por flagrante delito. Asimismo, la OEA debe aplicar la Carta Democrática Interamericana, porque está claro que en Venezuela la democracia institucional se extravió hace mucho.

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