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Opiniones de hoy

¿Depuración o desinstitucionalización?

opinion

Sí a la depuración, no a la desinstitucionalización .

 

La depuración de los organismos y entidades del Estado supone un proceso de separar de los cargos públicos a los funcionarios, dignatarios o empleados que, después de una investigación exhaustiva, llevada a cabo de manera independiente, imparcial y con apego al debido proceso, arroje que no cumplieron con sus obligaciones legales, que se excedieron de sus funciones regladas o, en general, que cometieron delitos en el desempeño de sus cargos.

La remoción de servidores públicos sin expresión de causa o por razones políticas o espurias, no puede asumirse como una depuración legítima, aunque en ciertos niveles de la administración pública es legalmente aceptada, especialmente cuando se trata de puestos de confianza, que no están sujetos a una estricta selección por oposición.

La depuración en el sector público es necesaria para alejar o extrañar a los malos servidores y, por supuesto, para poder sustituirlos legalmente por servidores leales y responsables. Por tanto, no puede prescindirse de la depuración, porque, a través de ella, se fortalecen y dinamizan las instituciones estatales.

En Guatemala ha habido importantes depuraciones, incluso masivas. Recordamos, por ejemplo, que en 1993, se inició un proceso de depuración de los diputados al Congreso y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, a través de una reforma constitucional, que, en primera instancia, fuera aprobada por el Congreso. Al quedar ratificada la respectiva reforma constitucional en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994, se dieron por terminados los períodos y funciones de todos los diputados y los magistrados, dando pie a que fueran elegidos nuevos congresistas y juzgadores.

La desinstitucionalización, por el contrario, se asume como aquellas acciones tendentes a debilitar, erosionar, suspender o suprimir los organismos o entidades estatales, así como disminuir, desgastar o proscribir las organizaciones de las sociedades civil, política y económica. El objetivo detrás de demandar la desinstitucionalización es que las instituciones cesen en sus funciones, sean clausuradas, colapsen o desaparezcan.

Son ejemplos de desinstitucionalización estatal los siguientes: (i) El 25 de mayo de 1993, el ex Presidente de Guatemala, Jorge Serrano, pretendió clausurar el Congreso y la Corte de Constitucionalidad; y (ii) El pasado martes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de la Asamblea Nacional.

Por consiguiente, no es lo mismo pedir la depuración de las instituciones estatales, que promover la desinstitucionalización. De ahí que no sea lo mismo solicitar la depuración de los diputados al Congreso, que promover la clausura del Organismo Legislativo, ni tampoco que se accione en función de la depuración de los tribunales de justicia, a que se pretenda la anulación de su potestad de juzgar. Igualmente, no es lo mismo solicitar la depuración de funcionarios del Organismo Ejecutivo, que pedir la instauración de una suerte de “gobierno de transición”, que suplante al gobierno constitucional.

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