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Opiniones de hoy

Los momentos del Congreso

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Nos encontramos a las puertas de una fase de transición.

 

La Legislatura 2016-2020 ha vivido dos momentos diametralmente opuestos.

Por un lado, entre enero y octubre 2016, tuvimos un Congreso con altos niveles de autonomía respecto del Organismo Ejecutivo, contrario a la tradición reciente en la que el Legislativo operaba como un apéndice de Gobierno. Esa autonomía fue producto de la debilidad cuantitativa del partido oficial, FCN-Nación, que arrancó la legislatura con tan sólo 11 diputados, y que en un arrebato político, decidió no integrar presidencias de comisiones durante el 2016. A ello sumemos que en un contexto de alta atomización partidaria, en la cual no existen bancadas con los números para dictar agenda legislativa, durante el año pasado, fue el partido de oposición –Unidad Nacional de la Esperanza– quien articuló la alianza legislativa que permitió alcanzar los votos necesarios para aprobar legislación.

Asimismo, no podemos obviar que en el contexto post-2015, se generó una ofensiva generalizada por la transparencia, que en el caso del Organismo Legislativo, se materializó con los esfuerzos de Mario Taracena por hacer pública la información administrativa de dicho organismo. De igual forma, los fantasmas de una depuración judicial del Congreso generaron los incentivos para que los diputados se sumaran a una agenda legislativa reformista, que permitió atender temas trascendentales como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las reformas a la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, las reformas al régimen interior del Congreso, y las reformas a la Ley del Ministerio Público.

Sin embargo, a partir de octubre las dinámicas legislativas dieron un giro de 180 grados. En primer lugar, el partido oficial, FCN-Nación, pasó a la ofensiva, convirtiéndose en el articulador de una débil alianza legislativa junto al bloque Reformador, Todos, Alianza Ciudadana y otros partidos bisagra, para arrebatarle a la UNE la dirección de la orquesta legislativa. En este esfuerzo, el Ejecutivo fue un actor clave: desde la Presidencia se articularon los esfuerzos políticos que permitieron al oficialismo construir la correlación de fuerzas que permitió elegir Junta Directiva 2017 y repartir las presidencias de comisiones legislativas.

Con este cambio de fuerzas, se generaron dos nuevas dinámicas. Por un lado, la “mayoría parlamentaria” abandonó el compromiso con la agenda reformista, situación que se evidenció con la Reforma Constitucional al Sector Justicia. No solo eso, en las últimas semanas se ha evidenciado el esfuerzo de esta alianza por articular propuestas pro impunidad. Por otro lado, la endeble alianza “pro-oficial” ha mostrado dificultad para construir una agenda mínima de consenso, lo que ha limitado el trabajo del Congreso en otras áreas temáticas.

En este contexto, nos adentramos a una fase de transición. El tren de la justicia ha iniciado causas dirigidas a “depurar” el Congreso. Primero fue Edgar Ovalle por casos de derechos humanos; luego César Fajardo y Manuel García Chutá por irregularidades en contratación de personal. Y recientemente, los antejuicios con irregularidades electorales contra Claude Harmelin y Mario Velásquez. Y todo esto ocurre como antesala a otros casos judiciales.

El resultado de la depuración seguramente alterará los balances de fuerzas y las dinámicas políticas, y abrirá un tercer momento de la Legislativa 2016-2020.

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