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Opiniones de hoy

La reclusión estatal en jaque

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Un nuevo incidente violento ha ocurrido en el sistema de reclusión estatal. Esta vez en el Centro Juvenil Etapa 2, ubicado en San José Pinula, Departamento
de Guatemala, donde los reclusos se amotinaron, asesinaron a dos monitores, hirieron a otro y retuvieron a otros cuatro. Los reclusos amotinados denunciaron las malas condiciones en que habitan el referido lugar de reclusión. Este hecho violento sucedió pocos días después del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron 40 niñas y muchas más resultaron heridas de gravedad. Esto viene a confirmar la precariedad del sistema de reclusión estatal.   

Dentro del sistema de reclusión estatal se encuentra el Sistema Penitenciario, que es el sistema carcelario estatal cuyo objetivo es la readaptación social y la
reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas constitucionales y legales. Está a cargo del Ministerio de Gobernación.

Asimismo, al sistema de reclusión estatal están incorporados los centros de reclusión de menores en conflicto con la ley penal, que tienen en depósito a los niños y adolescentes, que, a pesar de que son inimputables penalmente, han infringido la ley penal. La finalidad de dichos centros es reencauzar y rehabilitar a los menores. También son parte del sistema los centros de protección y resguardo de menores en estado de exposición, abandono y riesgo. El sistema de reclusión de menores está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.   

Sin duda, el desafío es inmenso, porque tiene que ver con la reestructuración completa del sistema de reclusión estatal, lo cual involucra la redefinición de objetivos, la formulación e implementación de nuevas políticas, así como el diseño y ejecución de una estrategia acorde con los nuevos objetivos y políticas, tal y como lo ordena nuestra Constitución y los tratados internacionales. Además, se requiere que el Estado suministre los recursos humanos y económicos necesarios.

Muchos organismos, instituciones y entidades estatales tienen injerencia sobre el sistema de reclusión estatal, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Adopciones, el Ministerio Público, la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, la oficina del Procurador de los DD. HH., entre otros. Esto supone enfoques, autoridades y responsabilidades parciales y limitadas a ámbitos determinados, y que no existan una visión integral y una estrategia global, que asegure líneas de autoridad y de responsabilidad claras y definidas. De ahí que todos los “responsables” se echen la culpa entre sí a la hora de los problemas.

Para comenzar debería pensarse en la creación de un Ministerio de Justicia, que asuma, con la especialización exigida, la administración del sistema de reclusión estatal, que es una de las instituciones del sector justicia, así como la responsabilidad de diseñar e implementar una política de prevención del delito, que hoy por hoy no existe.

Que los errores y las falencias del pasado sirvan para mejorar el futuro. Esa debe ser la consigna.

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