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Opiniones de hoy

Investigación de los programas clientelares

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Desde que en el año 2008 el régimen de Álvaro Colom (2008-12) destinó millardos de quetzales a los denominados “programas sociales” (cuya finalidad era ni más ni menos el “clientelismo político” y el manejo discrecional de fondos públicos), a cargo del ilegal “Consejo de Cohesión Social”, creado por acuerdo gubernativo y presidido por Sandra Torres, exesposa de Colom, la ciudadanía no ha tenido acceso a una concluyente y convincente rendición de cuentas, ni tampoco a los resultados de una auditoría suficiente y efectiva por parte de la Contraloría General de Cuentas.

Por el contrario, los “programas sociales” (bolsas de alimentos, pasteles, comedores, fertilizantes, materiales de construcción, edificaciones, desembolso de dinero en efectivo y demás) han venido implementándose bajo una absoluta opacidad, secreto y ausencia de supervisión y fiscalización, primero bajo el Consejo de Cohesión Social, que se convirtió en el principal bastión político electoral de Sandra Torres (UNE), que, por cierto, se llevaban a cabo en oficinas secretas, como en su momento lo constató la diputada Nineth Montenegro;  posteriormente, durante el régimen de Otto Pérez (2012-5), estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, con la misma pretensión político electoral en favor del malogrado delfín oficialista (PP), el ex-Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi; y, actualmente, está bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo Social para beneficiar al oficialismo (FCN-Nación).

Los multimillonarios “programas sociales” se han venido manejando, como ya apuntamos, con absoluta opacidad, liberalidad y discrecionalidad. Se habla de política de austeridad en el sector público, pero en cuestión de “programas sociales” más bien se gasta más y más. Nadie sabe nada sobre las cuentas bancarias que se han utilizado ni sobre el monetario (dinero en efectivo) que se gasta a manos llenas, ni sobre si los fondos se han malversado o no. Tampoco se sabe nada de los proveedores ni en cuanto a si se cumple o ha cumplido o no con los dictados de la Ley de Contrataciones del Estado en materia de licitaciones o cotizaciones.

Ahora que el MP y la CICIG están destapando las reposaderas hediondas de la corrupción en el sector público, no debe dejarse en el tintero la investigación a fondo de los “programas sociales”, que debería comenzar con las cuentas bancarias que se han utilizado, así como la interrogación y verificación de patrimonios de los beneficiarios, proveedores y operadores de los referidos programas. También deberían investigarse los fideicomisos públicos que han servido para el efecto, así como los ministerios, fondos sociales y secretarías de la presidencia que han hecho transferencias ilegales de sus recursos presupuestados a las unidades ejecutoras de los susodichos programas clientelares o que se prestaron al derroche.

Los guatemaltecos tenemos el derecho a saber qué ha pasado con los millardos de quetzales que se han despilfarrado en clientelismo político, que han redundado en déficits presupuestarios y fiscales impagables, y que, asimismo, han tenido que ser financiados con más impuestos y con más deuda pública.

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