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Opiniones de hoy

Desprotegidas y abusadas

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Los testimonios son elocuentes y nos demuestran la realidad que vivían las adolescentes.

 

Hemos asistido horrorizados a la quema viva de niñas y adolescentes que, como todo ser humano merecían un mejor destino. El Estado, que constitucionalmente está obligado a proteger la vida desde la concepción, las elimina, deja que se asfixien, que se quemen vivas, quizá para que no hablaran, para que no contaran sus penas, sufrimientos y abusos. Solo así lograron salir del infierno al que habían sido condenadas. Los testimonios son elocuentes y nos demuestran la realidad que vivían las adolescentes, abusadas sexualmente, torturadas, castigadas por cualquier motivo, vejadas y encerradas.

No vivimos solo en un Estado fallido, sino en un Estado brutal y salvaje que abandona a la niñez a su suerte, que no les garantiza lo más elemental que es su derecho a la vida y con ella el derecho a la salud, la vivienda digna, la educación, el esparcimiento. El problema es que no se trata solo de centros sostenidos por el Estado sino también de otras instituciones similares en donde el trato a las y los adolescentes es muy parecido al del Hogar Seguro. Conozco varios casos de Quiché, de niñas madres o adolescentes que han ido a parar otros centros y nos piden que les saquemos porque ya no quieren permanecer en esos lugares. Las denuncias se han hecho en su momento, para que se investigue y se proceda al control o cierre de esos lugares.

Mientras la población está acongojada por la tragedia, mientras la indignación por este crimen sigue creciendo y se manifiesta hasta en acciones frente a las Embajadas de Guatemala en varios países, los diputados buscan la forma de pasar leyes que les beneficien, no solo a los que se han enriquecido con plazas fantasmas o que están pendientes de que se anule su inmunidad, leyes que alcanzarían a beneficiar a todos aquellos que guardan prisión por actos de corrupción. Otro diputado, Edgar Ovalle, también perseguido por la justicia, está a punto de perder su inmunidad y por eso no se aparece desde hace más de un mes en el Congreso, pero tiene su sueldo seguro. Por eso no es de extrañar que los diputados oficialistas traten de quitarle la responsabilidad al Ejecutivo y quieran cargársela al Procurador de los Derechos Humanos culpándolo de los hechos. No sería raro que culpen a la Fiscal General o al Jefe de la CICIG, pues se trata de descargar la culpa en otros y tender tablas de salvación al presidente Jimmy Morales que ya no tiene de dónde agarrarse para continuar en el poder. El colmo de todo es que uno de los principales acusados por la muerte de las niñas y adolescentes, resulte con dos salarios y quiera hacer uso de la inmunidad que supuestamente le da el salario que recibe desde hace un año, como juez sin trabajar. La exigencia de una investigación profunda de los hechos y la deducción de responsabilidades debe continuar con más fuerza, así como la investigación y control de la situación en que viven niños y adolescentes en otros centros de atención. Terminemos con la desprotección y el abuso.

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