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Opiniones de hoy

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Esa terrible tragedia implora que se tomen acciones serias, bien estructuradas y efectivas.

 

Para Guatemala ha sido algo muy positivo que los inmorales y descarados actos de corrupción del gobierno anterior hayan salido a la superficie y generado una ola de indignación ciudadana que precipitó la salida de los mandatarios en 2015. Para el efecto, resultó crucial que la CICIG, en cumplimiento de su mandato de combatir la impunidad, haya reenfocado su labor hacia el combate a la corrupción enquistada en todo el aparato estatal.

Sin duda, también será muy bueno para el país que, derivado de esos esfuerzos, se siga avanzando gradualmente en la depuración de los tres poderes del Estado para limpiarlos de los elementos corruptos que lo han socavado. Y será muy bueno también que se logren aprobar las reformas al marco constitucional para que Organismo Judicial esté conformado por jueces capaces e independientes, y para que su funcionamiento sea eficaz para impartir justicia pronta y cumplidamente a todos los guatemaltecos.

Todo eso está bien pero, además de reconocer los avances logrados, es menester reflexionar acerca del propósito final que deben tener todos esos esfuerzos. Sería una pena que nos conformásemos con que estos sirvan únicamente para satisfacer la demanda que los Estados Unidos hacen a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para ayudarlos a reducir los riesgos que para su seguridad nacional entrañan las olas de migrantes y el tráfico de drogas que, como producto de nuestra precariedad económica e institucional, se exacerbaron en años recientes.

Tampoco conviene que para hacer avanzar la justicia se emitan resoluciones que socavan la certeza jurídica, como las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que –contrario a la jurisprudencia que dicha corte había establecido con respecto a la consulta a las comunidades– suspenden las operaciones de empresas hidroeléctricas, provocando incertidumbre no solo en el sector de generación eléctrica sino en todo el clima de inversiones del país.

No debemos tampoco aceptar que los esfuerzos de reforma se tergiversen para crear divisiones entre quienes respaldamos el combate frontal a la corrupción y el fortalecimiento del sector justicia, tal como estuvo ocurriendo en el caso de algunas de las reformas constitucionales que se discuten en el Congreso, pretendiendo con ello generar una lucha ideológica trasnochada con el fin de desviar la atención del verdadero enemigo a combatir que es el sistema político patrimonialista y corrupto que ha destruido la institucionalidad del Estado y depredado las arcas gubernamentales.

La reciente tragedia donde perdieron la vida 40 adolescentes que estaban bajo el cuidado del Gobierno en un supuesto “hogar seguro” debe servir para poner las prioridades claras: el propósito último del proceso de transformación que vive Guatemala debe ser el fortalecimiento de las instituciones del Estado. La reforma gradual pero profunda de las instituciones debe ser el hilo conductor de los procesos en marcha que buscan rescatar al país de la corrupción, el caos y el subdesarrollo.

Esa terrible tragedia implora que se tomen acciones serias, bien estructuradas y efectivas para que el Estado cumpla con su propósito de proteger al ciudadano y propiciar su prosperidad. Y eso implica fortalecer no solo el sector justicia, sino también –y principalmente– otras instituciones entre las que sobresalen las de control del gasto e inversión pública, el servicio civil y, sobre todo, el agotado sistema electoral y de partidos políticos que ha sido incapaz de proveer el norte, el liderazgo y la capacidad de gestión que Guatemala reclama.

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