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Opiniones de hoy

Derecho consuetudinario

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Para el caso específico del derecho consuetudinario de los pueblos originarios, se trata de un conjunto normativo oral o escrito, aplicable en el seno del conjunto social que esos pueblos integran.

Una de las más relevantes preocupaciones de la actual coyuntura política la constituye la reforma del Artículo 203 constitucional, propuesta para extender un reconocimiento de Estado al derecho consuetudinario de los pueblos originarios que ocupan desde hace siglos nuestro territorio.

Se dice que tal reforma podría resultar en una especie de “paralelismo jurídico” con serias e inesperadas consecuencias para la convivencia pacífica de nuestra colectividad nacional. Tal argumento me parece extremo y poco fundamentado, pues se trata de un derecho consuetudinario que nunca ha dejado de aplicarse desde antes y después de la conquista, durante la colonia y la vida independiente de nuestro país y que nunca ha estado ni estará, ni se pretende que esté, paralelo al marco jurídico fundamental establecido en la Constitución Política de la República.

En verdad, es innegable que en nuestro marco jurídico vigente conviven múltiples “paralelismos” jurídicos, que al igual que ocurre con el derecho consuetudinario, norman materias específicas diferenciadas entre sí, siempre en el marco de la primacía de los principios constitucionales. Algunos de estos “paralelismos” están dados en forma de códigos, tales como el Civil, de Trabajo, de Comercio que, como se ve, contienen normas aplicables específicamente al ámbito de la realidad para la que fueron creados, aplicables a las personas naturales y jurídicas que tienen que ver con la materia específica que estos instrumentos legales norman. Hay otros más, el conjunto de leyes financieras, por ejemplo, que rigen esa materia específica y otras que sería largo enunciar, y que no pueden considerarse como una sola ley para todo mundo, sino específica para aquellos que tienen actuaciones en el marco de las normas que rigen determinada actividad. A nadie se la ha ocurrido que tales “paralelismos” eludan, evadan o tergiversen el contenido de los preceptos fundamentales de nuestro pacto social, contenido ni más ni menos que en nuestra Constitución Política.

Para el caso específico del derecho consuetudinario de los pueblos originarios, se trata de un conjunto normativo oral o escrito, aplicable en el seno del conjunto social que esos pueblos integran; y, siempre, bajo el respeto absoluto de las normas constitucionales, válidas y de observancia obligatoria para todo el conjunto social.

No pretendamos ignorar que en nuestro territorio florecieron sociedades de diferentes formas culturales, más de mil años atrás, con una visión del mundo, idioma, vestido, religión y otras características que siguen vigentes más de 500 años después de la conquista y que entre estas características diferenciadas indudablemente se encuentra el desarrollo normativo en la forma de derecho consuetudinario, regido por la costumbre, los principios y las creencias.

Tampoco ignoramos que los pueblos originarios de América Central y México, y particularmente los habitantes del territorio guatemalteco, han mostrado una indomable resistencia a la cultura occidental y han mantenido sus principales características y formas culturales, entre ellas, el idioma, sus creencias y sus normas consuetudinarias, las que continúan aplicando sin mayores limitaciones.

¿Cómo podría pretenderse un solo orden normativo para realidades culturales francamente distintas, teniendo en cuenta que el derecho es una de las expresiones más desarrolladas de las culturas a lo largo y ancho del mundo?

El Congreso no debiera seguir evadiendo el tema, eso sí, sin vulnerar la primacía de la Constitución Política de la República y de las leyes que fielmente la desarrollan y complementan.

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