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Opiniones de hoy

Un régimen que se resiste a su transición

opinion

La ola de recursos que buscan detener y modificar delitos (OPM, Stalling, Barreda) son expresiones de la resistencia activa.

 

Los cuestionamientos al MP y CICIG, obedecen que son los responsables de haber agitado las aguas más fuerte de lo “esperado”. Al tocar fibras sensibles desnudaron las precariedades y lógicas que sostienen el régimen político, basada en una impunidad penetradora, mutante y con sólidas capacidades de reproducción. El entramado de relaciones basadas en mutuos favores, donde priman los intereses personales, las ansias de enriquecimiento, de conservación de poderes y áreas de influencia, son las principales características de ese régimen. Ese régimen tiene un amplio poder destructivo, que se expresa en su capacidad de exacerbar la polarización ideológica, perpetuar la parálisis de la institucionalidad pública, hacer brotar las contrariedades y oposiciones del sector empresarial y promover las percepciones de incertidumbre a granel. Esa dupla, inexistente hasta hace poco, toca piezas que crean repercusiones a profundidades antes inimaginables.

Hemos llegado al momento en donde el cisma es de tal dimensión, que se ha tocado un botón que solo provoca mayor crisis del régimen: influir para que el propio Presidente de la República y su círculo oscuro de mayor influencia accionen políticamente para “detener” que el taladro siga penetrando. Al meter más presión, no piensan que el agujero se hará mayor y en esa nueva cavidad no cabrá el tapón que antes se utilizaba en momentos de otro tipo de crisis transitorias. La irrupción del momento actual es de otro tipo, de mayor calado, con ingredientes nuevos entre ellos, una ciudadanía que se ha politizado más, que aunque no se movilice como lo hizo en 2015, está permanentemente interesada en los asuntos públicos, ámbito que antes era desapercibido y despertaba poco apetito.

Experimentamos varias reacciones de sectores que se resisten a ser parte de la transición de régimen. Las municipalidades, por ejemplo, siguen siendo piezas de un entramado de corrupción, nepotismo y todo un sinnúmero de prácticas antidemocráticas. El sector empresarial juega a la resistencia a todo lo que represente cambios, rasgo que demuestra que ellos viven aún bajo prácticas colonialistas. La institucionalidad aún está en el lado contrario a lo deseable, algunos ejemplos como el MP y la SAT están en transición. La Corte de Constitucionalidad, componente de la justicia, quiere tocar esa puerta; pero sus resoluciones son contradictorias. La ola de recursos que buscan detener y modificar delitos (OPM, Stalling, Barreda) son expresiones de la resistencia activa. Es claro que la crisis del régimen afecta el funcionamiento del sistema institucional. De allí que apelar a modificar la Constitución sea considerado como una “afrenta” porque implicaría modificar un tipo de régimen que ha sido útil para unos pocos y aterrador para la mayoría.

El actual régimen es infuncional porque las relaciones políticas, jurídicas y sociales están basadas y regidas por códigos rebasados, cargados de racismo, pobreza y desigualdades. Esa forma de sociedad no puede conducirnos a etapas de desarrollo humano; el modelo de autoridad que se derivan del régimen también es inservible porque se ejerce con base en la fuerza y no en el consenso. Se trata de un nuevo tipo de crisis de gobernabilidad, porque la legitimidad del sistema es cuestionable, el modelo económico y las relaciones sociales son inequitativas.

Twitter: @RosalRenzo

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“El Gobierno del Estado de Guatemala no podrá enajenar por cualquier medio, incluyendo la aportación, la venta, la concesión temporal, la renta indefinida o a término o por cualesquiera otros medios que impliquen la cesión de derechos soberanos sobre activos republicanos, materiales o inmateriales, tales como los derechos sobre terrenos del Estado, sobre el subsuelo, sobre sus costas, sobre su espectro electromagnético, sobre sus aguas territoriales o sobre cualquier otro activo republicano que así sea calificado por el Congreso de la República, si dicha enajenación no se materializa con la simultánea cesión, titulada conforme a los mecanismos establecidos en esta misma Ley, del 49 por ciento de tales activos, directamente, a todos los ciudadanos adultos de la República que así lo soliciten, durante los tres años siguientes al acto de enajenación”. Parte medular de una futura Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana (DPC), que convertiría a Guatemala en una sociedad capitalista moderna, incluyente y participativa, promoviendo el ascenso socioeconómico de sus mayorías desposeídas y por ende, promoviendo simultáneamente la paz social y la prosperidad generalizada que requiere una república funcional.



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