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Opiniones de hoy

Correlaciones de fuerzas y lucha contra la corrupción

opinion

El dinamismo propio de un proceso de transformación política.

 

Al evaluar el desenvolvimiento del proceso de transformación del país durante los últimos dos años, resulta evidente que el mismo ha sido dinámico con cambios de correlaciones de poder.

Desde el 16 de abril 2015, cuando la CICIG develó el caso de La Línea, se generó en el país un bloque homogéneo de actores (con una participación amplia en términos ideológicos y sectoriales) que se unieron para respaldar las acciones del MP y la CICIG, demandar la salida de la vicepresidente Roxana Baldetti, e impulsar una primera generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos o la Ley de Contrataciones del Estado. Ese bloque también generó un contrapeso social ante la candidatura de Manuel Baldizón (quien representaba la continuidad del modelo del saqueo), y eventualmente, para demandar también la renuncia de Otto Pérez Molina una vez fue vinculado al caso La Línea.

El año 2016 marcó la ruptura de ese bloque. Y esto fue consecuencia de discrepancias respecto a cómo reconstruir el sistema político, la velocidad de las reformas, y sobre todo, la profundidad de las mismas. Quizá el caso que mejor evidencia esta dinámica es el debate generado en relación a las Reformas Constitucionales al Sector Justicia.

El 2017 inició con una contraofensiva contra la CICIG, en el cual los actores del Ancien Regime han recurrido a campañas de desprestigio contra el comisionado Iván Velásquez, y han buscado aprovechar las discrepancias técnicas y políticas que provocan algunos contenidos de la Reforma Constitucional para generar un movimiento de rechazo a la lucha contra la corrupción. La capacidad de movilización ha sido tal, que incluso entre el círculo directo del presidente Morales (afectado emocionalmente por el caso penal contra su hermano e hijo) empezó a caminar la idea de solicitar la salida de Velásquez del país.

La reacción internacional no se ha hecho esperar. En un plazo de dos semanas, ha desfilado por Guatemala la mayor colección de funcionarios de alto nivel del Gobierno norteamericano, desde marzo de 2015 (justo cuanto Otto Pérez coqueteaba con la idea de no renovar el mandato de la CICIG). Las sendas visitas de John Kelly (Secretario de Seguridad Nacional) y de William Brownsfield (Secretario Adjunto para la lucha antinarcóticos) recordaron el compromiso de la administración con la Alianza para la Prosperidad, el combate al narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Mientras que la visita de los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata –y suscriptor de aquella misiva en la que solicitaban a Pérez Molina prorrogar el mandato de la CICIG) constituyen la evidencia del acuerdo bipartidista en Washington de respaldar el combate a la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En este contexto, resalta la existencia de tres tipos de actores. Aquellos que se oponen a la CICIG y a la lucha contra la corrupción como un todo, y que aspiran a influenciar al Presidente o al Congreso para tomar medidas extremas; un segundo grupo en el que se cuestionan algunos contenidos de la Reforma Constitucional, pero se mantiene el respaldo a la CICIG y la depuración judicial; y aquellos afines en su totalidad al órgano internacional.

Por análisis aritmético, el desenlace de esta compleja coyuntura dependerá de las alianzas tácticas y las correlaciones de fuerzas de las siguientes semanas.

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