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Opiniones de hoy

Falta de certeza jurídica

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La falta de certeza jurídica no es un problema nuevo en Guatemala. La queja que recientemente planteara la cúpula empresarial al respecto, que hace crisis con los fallos constitucionales en contra de las operaciones hidroeléctricas en el país, es solamente la gota que derramó el vaso. Con ciertos altibajos a lo largo de la historia contemporánea del país, esta ha sido la principal restricción al desarrollo económico. Como bien lo demostrara un estudio del BID de hace algunos años, titulado Guatemala y el Camino al Crecimiento, “la evidencia muestra que el aumento de la inseguridad, así como … las debilidades (y el deterioro) del contexto institucional… y algunas áreas del marco burocrático para hacer negocios parecen ser la restricción más activa que [limita] el crecimiento económico”.

Según ese estudio una de las causas fundamentales de los bajos niveles de crecimiento económico, generación de empleo e inversión, es la dificultad que enfrentan las empresas de disponer libremente de los beneficios de sus operaciones en el mediano plazo,  dada la inseguridad jurídica, física y sobre la propiedad de sus inversiones. Algo que recurrentemente queda demostrado con cada publicación de los distintos índices sobre la competitividad del país o la facilidad para hacer negocios. Si a este precario escenario institucional, en donde ya se había detectado el importante papel que juega la falta de certeza jurídica en la explicación de los bajos niveles de inversión y crecimiento en el país, se suman ahora acciones judiciales como las de la Corte de Constitucionalidad en el caso de las hidroeléctricas, resulta totalmente comprensible que el sector empresarial demande un mínimo de condiciones jurídicas para poder hacer negocios en Guatemala.

En países con gobiernos de tendencias radicales de izquierda, este  tipo de decisiones judiciales han sido el primer paso para otro tipo de acciones más agresivas contra el sector empresarial, la propiedad privada y los mecanismos de mercado. Si bien ese componente ideológico no caracteriza al gobierno de turno, no se puede negar la clara presión que grupos vinculados a estas formas radicales de pensamiento ejercen sobre las autoridades para lograr decisiones como la de esta Corte. A lo que debe sumarse la conflictividad social auspiciada por algunos de estos grupos radicales contra todo tipo de actividad empresarial de mediana y larga escala en sus áreas de operación.

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