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Opiniones de hoy

TCQ: Alto costo para el País

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En todo caso, lo que se debe evitar en este asunto es la injerencia de grupos que obtienen beneficios de impedir el uso de esta infraestructura portuaria, algo que ha quedado claramente demostrado a lo largo de todo este proceso.

Resulta paradójico que en medio del calamitoso estado de la infraestructura productiva del país, un proyecto de la importancia de una nueva terminal de contenedores en el principal puerto de un país no pueda utilizarse libre de problemas. Si bien el actual interventor, presionado por los problemas financieros del proyecto, decidió iniciar operaciones el pasado día domingo, la misma no está exenta de conflictos legales y grandes riesgos para quienes han tomado esta decisión. Desde un punto de vista puramente práctico, no tiene ningún sentido económico que un país en donde el comercio exterior es tan importante no haga todo lo necesario para agilizar el movimiento de mercancías en sus puertos, fronteras y carreteras. Los efectos económicos de la ineficiencia en los puertos se ven reflejados a lo largo y ancho de la economía: en el caso de las importaciones, precios más altos de los productos debido a los costos derivados de innecesarios tiempos de espera, inefectivos procesos operativos, inadecuadas instalaciones de trabajo, potenciales cobros ilegales, etcétera; en el caso de las exportaciones, producto de los mismos factores, costos de producción más altos que terminan impactando la posibilidad de crecimiento de las empresas, contratación de más personal, mejorar los salarios de los trabajadores y aumentar sus contribuciones al fisco.

Como diría un economista clásico del Siglo XIX, no utilizar las instalaciones de TCQ sería equivalente a llenar de inmensos y puntiagudos obstáculos submarinos la dársena del puerto. Es decir, dificultar el fondeo de las embarcaciones y hacer más lenta la carga y descarga de las mismas. Algo que nadie en su sano juicio se atrevería nunca a aconsejar como medida para promover el bienestar de un pueblo. Salvo, claro está, quienes, en este hipotético caso, defienden los intereses de quienes venderían y colocarían los inmensos obstáculos submarinos. En términos económicos, mantener en desuso estas instalaciones hasta que se disipen todas las dudas respecto de la viabilidad jurídica tiene un alto costo para todos. Lo cual no implica, por supuesto, aceptar cualquier tipo de solución con tal de agilizar el proceso, sobre todo si la misma corre el riesgo de convertirse en un vehículo que facilite la corrupción o la opacidad en la operación.

Un difícil balance entre la visión jurídica del problema, que muy probablemente no exista o sea muy difícil de alcanzar, y la visión económica del problema, que haciendo caso omiso de estos asuntos legales, muestra los costos y beneficios de cualquier decisión que se tome. En todo caso, lo que se debe evitar en este asunto es la injerencia de grupos que obtienen beneficios de impedir el uso de esta infraestructura portuaria, algo que ha quedado claramente demostrado a lo largo de todo este proceso. Lo que sería totalmente inaceptable es que, en nombre de la defensa de los supuestos derechos de estos grupos, se hipoteque el desarrollo del país.

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