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Opiniones de hoy

El Comisionado y la brasa en sus manos

opinion

Pedir la condena hace muy popular a un Fiscal, pero pedir la absolución, por el contrario, le implica un costo difícil de asumir.

Y, sin embargo, el buen fiscal no es un esbirro sino aquel que busca la verdad y que, en consecuencia, velando por el estricto cumplimiento de las leyes, su función primera, con la misma firmeza con la que persigue y busca la condena de quienes considera culpables, pide la absolución del inocente.

Perseguir al hijo y al hermano del Presidente de la República que se encuentra en el ejercicio de su cargo –ningún árbol caído– tiene que ser tentador para un Fiscal: el aplauso y la gloria, entrevistas de prensa a granel e, incluso, en alguno de los medios internacionales, premios, prolongaciones de contratos y, en fin, la gloriosa
culminación de una carrera.

Por el contrario, si de lo que se percata en el transcurso de la investigación es de que no existe delito o de que en todo caso, si existiere, ni uno ni otro tuvieron una participaron que pueda calificarse como tal, lo que le espera al fiscal no es nada grato puesto que muchos pensarán ¡Se lo comerán vivo! que benefició a los perseguidos por tratarse del hijo y el hermano.

Exactamente lo mismo ocurre en el caso de los jueces, héroes si decretan y sostienen la prisión preventiva, si niegan la medida sustitutiva y si condenan –héroes aunque se trate de un Presidente democrático y, en tal sentido, inofensivo (me hubiera gustado verles en los tiempos en que había que rajar ocote) pero ¡cuidado! villanos, si deciden lo contrario sin que en esto tenga nada que ver la verdad y, en consecuencia, con la culpabilidad o la inocencia de los perseguidos.

Tal la infamia mediática y la incomprensión, el costo a asumir, pero tal la diferencia que existe entre los instintos y la función de los fiscales y los jueces: Entre los linchamientos y la ley.

Después de la captura del hermano del Presidente, absolutamente innecesaria la espectacularidad empleada, tal y como se hizo evidente cuando el hijo se presentó voluntariamente y de inmediato, ambos, desde el pasado septiembre, en contacto voluntario con el Ministerio Público y a su total disposición; después de la espectacular captura, decía, no es fácil para el Comisionado hacer que prevalezca la verdad si la verdad a estos favorece. 

Todo lo ocurrido en el caso no es sino el fraccionamiento de una compra, fraccionamiento cuya responsabilidad compete, tal lo que manda la ley, a los funcionarios que la hicieron, fraccionamiento que se hace evidente al concatenar las tres facturas emitidas, dos de ellas simulando los conceptos para ocultar lo celebrado y la otra, simulando el número: la compra de canastas navideñas por un monto que hubiera obligado a un procedimiento distinto del empleado.

Los funcionarios fraccionan muchas veces las compras para evitar el proceso de cotización que es obligado cuando estas sobrepasan los 90 mil quetzales, no siendo posible la compra directa si la sobrepasan y, en el caso concreto, es posible que los funcionarios hayan estimado que no había tiempo para hacerlo y hayan optado por la fragmentación (podrían ser otras las razones) lo que infringe la ley y debe castigarse, tal como la ley lo manda, por la Contraloría General de Cuentas: infracción de la ley, incluso grave, pero no delito.

En la fragmentación realizada sólo podría haberlo si se hubiera defraudado el patrimonio del comprador –el Registro General de la Propiedad– es decir, si no se le hubieran entregado las canastas navideñas o si estas no hubieran valido lo pagado.

Si no hay defraudación, no hay delito pero –independientemente de que pudiera haberla, ni Sammy ni José Manuel Morales la habrían realizado, limitada su participación, la del joven, a pedirle un favor al tío y, la de este, a proporcionar dos facturas de su empresa a la madre de quien era la novia del sobrino, facturas sobre las que se pagaron los impuestos, por lo que tampoco podría haber en estas ninguna evasión fiscal.

Continuará

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