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Opiniones de hoy

Pueblos indígenas y la paz en Guatemala (VI)

opinion

Varios puntos del Acuerdo siguen siendo claves para los pueblos indígenas.

Uno de los primeros Acuerdos firmados por el Estado y la guerrilla fue el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (1994) abordando temas que continúan teniendo oposición del Ejército, políticos, elites y sectores conservadores del país.

El Acuerdo sirvió para afirmar el compromiso –en papel– del Estado para impulsar medidas de protección de los derechos humanos a través del fortalecimiento del Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El Estado se comprometió a respetar la autonomía y modernización de esas tres instituciones para asegurar su eficacia. El Acuerdo incluyó un compromiso contra la impunidad. O sea realizar cambios legislativos para impedir que se evitara el enjuiciamiento o sanción de instituciones o personas responsable de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. Asimismo, detalló el compromiso de depurar las fuerzas de seguridad, regular la portación de armas para evitar creación de cuerpos de seguridad ilegales o clandestinos.

El Acuerdo garantiza la protección de las personas que trabajan en la promoción y la defensa de los derechos. Determinó, además, que el Estado debía resarcir a las víctimas de violaciones a sus derechos a la vida, empezando por las más necesitadas.

Se estableció solicitar a las Naciones Unidas una misión de verificación llamada Minugua para recibir y dar seguimiento a las denuncias de violaciones, comprobar el funcionamiento de los organismos competentes y pronunciarse ante cualquier violación.

Varios puntos del Acuerdo siguen siendo claves para los pueblos indígenas. Uno de ellos, es la decisión de no alentar ni armar a nuevos comités de defensa civil. Proceso que destruyó y continúa afectando a comunidades indígenas obligadas a enfrentarse entre sí. En papel, la conscripción militar dejó de ser obligatoria, aunque la situación de pobreza de Guatemala ahora obliga de distinta manera a jóvenes indígenas a unirse al Ejército. En términos de impunidad, aunque existan avances en justicia para pueblos indígenas, es obvio que el sistema sigue beneficiando a violadores de derechos humanos para evitar que sean juzgados. El reciente ejemplo es el estancamiento del proceso de retiro del antejuicio contra el militar Edgar Ovalle, imputado por el caso Creompaz, cuyo arraigo fue revocado por la jueza Claudette Domínguez.

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