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Opiniones de hoy

¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? (VIII parte)

opinion

A Guatemala no llegó la paz sino llegaron las empresas expoliadoras.

 

Otro ejemplo que muestra cómo los pueblos indígenas y mestizos pobres fueron traicionados por el propio Estado con la firma de la paz fue la privatización del servicio de energía eléctrica, a través del Congreso de la República que aprobó la Ley General de Electricidad (Decreto 93-96) que consideró de “urgencia nacional la participación de inversionistas para apoyar la creación de empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica” un mes y 13 días antes que se firmara el Acuerdo Final de Paz y que fue sancionada por el Ejecutivo porque era la base jurídica necesaria, que le permitiría en 1998 la privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala, venta que también fue ejecutada por el presidente que firmó la paz, Álvaro Arzú.

Sin embargo, “la urgencia nacional” era privatizar y monopolizar la distribución de la energía eléctrica que de 1998 a a la fecha ha sido manejada por empresas extranjeras. Así Iberdrola compró por US$520 millones y vendió por US$610, Unión Fenosa por US$101 millones y vendió por US$449 millones a la empresa Británica ACTIS y esta última vendió a IC Power por US$4 mil 520 millones.

En nombre de la paz el patrimonio público fue subastado por “el Presidente de la Paz” en complicidad con la inhumana elite nacional. Ese proceso fue impulsado por el programa de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI para beneficiar al capital transnacional y desmantelar los activos nacionales. Sin embargo, la inversión privada provocó en el país un aumento en la generación, transporte y distribución de la electricidad como nunca antes pero golpeó sin misericordia a comunidades rurales e indígenas pobres quienes no pudieron pagar los unilaterales precios que aumentaron en más de un 200 por ciento. Esto desató otro frente de lucha y resistencia en departamentos del Norte y Suroccidente a partir del año 2000, cuyos líderes empezaron a ser secuestrados o asesinados y otros a ser criminalizados por el propio Ministerio Público y los jueces quienes en esta conflictividad han sido defensores de los  monopolios, conocidos comercialmente como Deocsa-Deorsa.

Ante esto, a Guatemala no llegó la paz sino llegaron las empresas expoliadoras.

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