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Opiniones de hoy

Asignaciones presupuestarias ilegales

opinion

La Constitución establece que el Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las municipalidades del país, que este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un 90 por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes, que el diez por ciento restante podrán utilizarlo para financiar gastos de funcionamiento y que queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos.

Es decir que diez por ciento de los ingresos ordinarios del Estado debe destinarse a las municipalidades del país, que es lo que se conoce comúnmente como el “situado constitucional”; así como que está prohibida, por mandato constitucional, toda asignación presupuestaria adicional a las municipalidades.

No obstante, en los Presupuestos del Estado correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, además del “situado constitucional” para la Municipalidad de la Capital, se asignaron Q95 millones, Q95 millones, Q100 millones, Q150 millones, Q150 millones, Q150 millones y Q150 millones, respectivamente (o sea un total de Q890 millones), al Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (constituido por la Municipalidad de la Capital), a pesar que la Constitución lo prohíbe expresamente.

La Ley del Organismo Judicial establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, así como que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Las asignaciones presupuestarias relacionadas al Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala son contrarias a la prohibición constitucional expresa que dice: “Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos”; por tanto, las mismas son nulas de pleno derecho.

En todo caso, la hipotética pretensión de que dichas asignaciones presupuestarias fueron destinadas al “Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala” y no a la Municipalidad de la Capital, para evadir la mencionada prohibición constitucional, supondría un claro fraude de ley, porque dicho Fideicomiso fue constituido por la comuna capitalina.

Por tanto, lo procedente es que la Contraloría General de Cuentas repare estas irregularidades, a fin de que el Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala reintegre los referidos fondos asignados al erario y que se deduzcan responsabilidades legales contra los respectivos funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas
que presentaron los proyectos presupuestarios al Congreso y que desembolsaron dichos recursos financieros, contra los diputados miembros de las Comisiones de Finanzas del Congreso y contra las autoridades municipales y fiduciarios que dispusieron ilegalmente de dichos fondos públicos.

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