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Opiniones de hoy

Combate al transfuguismo

opinion

No puede haber diputados de primera y de segunda clase.

 

Siempre he sostenido que el principal síntoma de la decadencia de la partidocracia en nuestro país es el transfuguismo político, que ocurre cuando los políticos cambian de partido o de bando, para no perder posiciones de poder o para reposicionarse. El transfuguismo, además de que es una burla al electorado, pone de manifiesto no solo la ausencia de ideologías, principios, valores y proyectos, sino que también evidencia la politiquería, que se sustenta en el cinismo, la codicia, la intriga, la deslealtad, el parasitismo y la bajeza.

En general, los individuos que se pasan de un partido o bando a otro solo están interesados en beneficiarse personalmente y no en el interés general, aunque, por supuesto, reconozco que se dan casos, los menos eso sí, en que los diputados se desvinculan de los partidos que los postularon atendiendo a causas justificadas, entre ellas el autoritarismo, el apartamiento del ideario fundacional o la imposición abusiva de la disciplina partidaria. No sorprende, entonces, que la percepción ciudadana de la acción política sea que esta no se rige por convicciones, compromisos y coherencias, sino que, por el contrario, las decisiones políticas obedecen a intereses creados, a conveniencias, así como a la política práctica.

Asimismo, el transfuguismo es parte de los cambalaches (compra de voluntades y cargos, intercambio de favores por votos o apoyo político) y de sórdidos contubernios que se traducen en enriquecimiento ilícito, corrupción e impunidad, que ha caracterizado a la politiquería.

En fin, el transfuguismo es un ejemplo elocuente de que en el reino de la politiquería, regido por el uso y abuso de poder en función de servirse y no de servir, todo se reduce al tanto más cuanto, a quien promete o da más, así como a un patético rentismo a base de dádivas, favores, influencias y transas.

En las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto # 26-2016 del Congreso) y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto # 14-2016 del Congreso), como medida para combatir al transfuguismo, se establece que los diputados tránsfugas (que hubieren renunciado a los partidos que los postularon o a los bloques legislativos a los que pertenecían) no pueden incorporarse a otros bloques legislativos, así como tampoco pueden ser miembros de la Junta Directiva del Congreso, presidir comisiones legislativas ni ejercer cargos en representación del Legislativo.

Estas disposiciones contravienen la Constitución, que garantiza que todos los diputados son iguales en dignidad, condición y representación, porque prohíben a los diputados tránsfugas que puedan acceder a cargos directivos y de representación, extremo que se traduce en una clara discriminación y limitación de las cualidades inherentes al cargo de congresista. De suerte que dichas normas dan pie a que existan diputados de primera y de segunda clase, representantes del pueblo con o sin privilegios, lo que contraviene el espíritu constitucional.

Lo anterior sin perjuicio que la Carta Magna establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno”, por lo que los partidos no son propietarios de los diputados que los postularon ni tampoco pueden demandar que estos sean desaforados o sustituidos por el mero hecho de que abandonen sus filas partidarias, sobre todo considerando que la realidad político partidista es antidemocrática, en que se protege y alienta la constitución y vigencia de “seudopartidos”, o sea de organizaciones controladas por caciques o dueños, clientelares o electoreros.

En mi opinión, la manera de atacar, con legitimidad y eficacia, el transfuguismo es dando al electorado la potestad de castigar a los tránsfugas a través de la adopción de dos mecanismos democráticos: El sistema de elección uninominal y el referendo revocatorio. El primero garantiza la competencia electoral directa entre candidatos y no entre planillas en tantos distritos como cargos de elección popular se disputen, lo que complica a los tránsfugas volver a ser electos en sus respectivos distritos, mientras que el referendo revocatorio confiere el poder al electorado de revocar el mandato popular a los tránsfugas transcurrida la mitad del periodo de funciones.

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