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Opiniones de hoy

Supresión de facultad de exoneración presidencial

opinion

El Artículo 183, literal r), de la Constitución textualmente dice: “Son funciones del Presidente de la República: (…) r) Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo”.

Según informaciones de prensa, el presidente Jimmy Morales, a pesar de que ha venido insistiendo en la necesidad de mejorar la recaudación tributaria y en la pertinencia de aumentar los impuestos (IVA, ISR, IUSI, Impuesto sobre la Distribución de Petróleo y sus Derivados, Impuesto sobre la Distribución de Cemento, etcétera), ha concedido 216 exoneraciones de multas y recargos tributarios a personas jurídicas e individuales, algunas de las cuales están cuestionadas legalmente, al amparo del transcrito Artículo 183, literal r), de la Constitución, extremo que supone una inconsistencia macabra.

Estos privilegios fiscales concedidos por el gobernante de turno no son nuevos. Los expresidentes Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro De León, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez también padecieron del mismo mal, es decir la exoneración discrecional de multas y recargos tributarios. En todo caso, la concesión de estos privilegios fiscales, que se conceden a través de la Secretaría General de la Presidencia, deberían investigarse para determinar si hubo o no irregularidades y anomalías que causen deducción de responsabilidades legales, bajo los supuestos del Artículo 155 de la Constitución, que expresa que la responsabilidad civil de los funcionarios podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción de 20 años, y que la responsabilidad penal de los mismos se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.

En todo caso, recordamos que el expresidente Álvaro Colom, al inicio de su mandato en 2008, prometió que no echaría mano de la facultad constitucional de exonerar multas y recargos tributarios, así como que suprimiría los fideicomisos de ejecución de gasto público.

Sin embargo, en 2010 la SAT anunció que Colom había otorgado exoneraciones de multas y recargos tributarios por Q46 millones, entre las que se encontraban exoneraciones a diputados vinculados al oficialismo y a Empagua.

Colom también incumplió su promesa de no echar mano de los fideicomisos de ejecución de gasto público. Es más, fue el gobierno durante el cual se constituyeron y fondearon más fideicomisos de este tipo. Traemos a colación, por ejemplo, los millardos de quetzales que se canalizaron a través de los fideicomisos de ejecución de gasto público vinculados al Programa de Cohesión Social, para fines eminentemente clientelares. Por cierto, este es un despilfarro sin precedente que está pendiente de investigación.

En nuestra opinión, la facultad presidencial de exoneración de multas y recargos tributarios, contenido en el Artículo 183, literal r), de la Constitución, debe ser suprimida, y no, como plantean los “militantes tributarios”, que el gobernante buenamente se abstenga de ejercerla. ¡Por favor!

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