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Opiniones de hoy

Algo a destacar en los 20 años recientes

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Asimismo, resalta la validez de superar la indignación en acciones colectivas organizadas.

Difícil pasar por alto el aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala, hecho que en estos días ha motivado variedad de reflexiones y actos de conmemoración. Para unas voces, estos merecen ser actualizados y para otras, ya son cosa del pasado o bien compromisos plasmados en documentos que deben cumplirse. Quizás lo más importante sería analizar qué ha sucedido en estos 20 años recientes.

Entre las reflexiones sobresalen: el desarme de la guerrilla y un reajuste en el Ejército, así como la desatención a las demandas sociales y la supuesta apertura a pensar de manera distinta, tomando en cuenta que antes de 1996 era proscrito. Lo cierto es que ese pacto nacional –que sin duda marca la vida de este país centroamericano–, en estas dos décadas ha significado para la sociedad guatemalteca la consolidación de un modelo que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos, alienta los negocios ilícitos y las mafias, admite destrucción de la naturaleza y reproduce múltiples desigualdades (de clase, género, procedencia racial, edad, etcétera). Existen bastantes indicadores que así lo demuestran.

Coincido con quienes señalan que a la esencia contrainsurgente del Estado guatemalteco, tras dos décadas, hay que agregarle su carácter mafioso que se ha hecho evidente en varios procesos judiciales que se están llevando a cabo; claro que sin olvidar que el mismo sigue siendo militarista, racista y machista, pero sobre todo que continúa siendo guardián del modelo extractivista y agroexportador.

A propósito de esta efeméride, celebrada ayer, se ha dicho que la disminución del Ejército facilitó el aumento de la inseguridad, el narcotráfico y la criminalidad, afirmación falaz ya que ambas lacras junto con la corrupción los germina precisamente el modelo implantado con mayor ahínco a partir de la suscripción de los Acuerdos de Paz, en cuyo contenido se sobredimensiona la propiedad privada, se protege intereses empresariales, se descarta el bien común y se reconoce como subalternos a los actores sociales (no como sujetos de transformación, aspiración en la que trabajan organizaciones populares, de mujeres y pueblos indígenas, independientemente de los marcos establecidos en los acuerdos de hace 20 años).

Al analizar procesos en este tiempo transcurrido, y no documentos que para amplios sectores de la población hoy les dicen poco, sobresale la importancia de la búsqueda de la verdad, la justicia y el resarcimiento, ya que el olvido a las atrocidades cometidas contra miles y miles de personas no combatientes en Guatemala, sepultaría las posibilidades de constituir actores que transformen la situación de abuso y desigualdad que ocurre en diferentes ámbitos del país. Asimismo, resalta la validez de superar la indignación en acciones colectivas organizadas, en tanto los gritos de enojo esporádicos, la participación enmarcada en las reglas electorales o la asistencia a conversaciones bilaterales sin resultados son acciones que en nada contribuyen para cambiar el modelo que actualmente acumula muertes por desnutrición, violencia y desesperación, o decesos simbólicos por la falta de oportunidades y perenne discriminación.

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