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Opiniones de hoy

Construir la paz del futuro

opinion

Pasamos del Estado contrainsurgente al Estado mafioso puro y duro.

Releyendo los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado que desangró y dividió al país por más de tres décadas, se puede concluir 20 años después que el principal rédito de este acontecimiento significativo fue haber clausurado exitosamente el conflicto armado interno, pero para desfortunio del país surgió una nueva generación de tensiones y disputas que lo mantienen en pugna consigo mismo sin alcanzar la anhelada paz.

De hecho, si nos atenemos a las estadísticas sobre cantidad de homicidios que ocurren en el país, la violencia nunca dejó de ser una constante en la vida cotidiana del país, y el fin del conflicto armado para nada representó el fin de la violencia. Y si vemos la violencia como un fenómeno social alentado por una multiplicidad de causas podemos afirmar que el único factor que se logró desactivar como generador de violencia fue el ideológico, pero el resto permanecen y hasta se han potenciado como la pobreza y la desigualdad que en su momento también fueron esgrimidas como causa del conflicto armado.

Los acuerdos de paz firmados entre las agrupaciones exguerrilleras y el Gobierno cayeron rápidamente en un pantano del que nunca lograron salir. El tropiezo se dio en el mismo primer paso, con la derrota propinada en la Consulta Popular de 1999, cuando ganó el “No” a las reformas constitucionales que proponían introducir a la Carta Magna muchos de los preceptos y reformas contenidos en los siete acuerdos firmados.

Aunque muchos otros compromisos sí fueron cumplidos, la derrota en las urnas representó un golpe desmoralizador de tal magnitud que la agenda de la paz quedó relegada a un compromiso secundario en las prioridades de los gobiernos de turno siguientes, bajo el supuesto equivocado que carecían de sustento social y aprecio ciudadano. En su lugar, se impusieron agendas cortoplacistas que solo velaban por los intereses de turno, materializados en jugosos negociados que implicaron moldear la institucionalidad al sabor y antojo del grupo en el poder, reduciendo el juego de pesos y contrapesos a una merienda de pago de favores entre mafias que se fueron enquistando hasta cooptarlas, asegurando un esquema de impunidad ya no para las violaciones a los derechos humanos, sino para la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

La agenda de paz pasó a ser una pieza retórica de la clase política llegando incluso a estafar los pocos mecanismos que se implementaron como el Fondo de Tierras que sirvió más a los vendedores de fincas que a los campesinos supuestamente beneficiarios. El registro catastral pasó a ser un bolsón clientelar para ganar votos de abogados de cara a las elecciones para conformar las Comisiones de Postulación y cooptar el Poder Judicial y un largo etcétera de otros
compromisos que terminaron deformados para fines de corrupción.

Pasamos del Estado contrainsurgente al Estado mafioso puro y duro. La transición iniciada a mediados de los ochenta quedó en un ritual electoral que dio sustento de legitimidad a los proyectos partidarios que perdieron todo contenido político, hasta convertirlos en verdaderos carteles que se peleaban por la hegemonía de los negocios derivados del control del Estado. Los casos investigados por CICIG-MP dibujan de cuerpo entero el Estado mafioso que se llegó a conformar y que incluso involucra signatarios de paz como el mismo expresidente Pérez Molina.

Nuestra experiencia respecto a los Acuerdos de Paz nos deja una lección contundente: no hay proyecto de paz ni otro de cualquier naturaleza que pueda dar frutos duraderos si está sembrado en terreno apto para que la maleza vuelva a surgir. El único camino para el desarrollo y la paz duradera es construir instituciones neutras y sólidas que se rigen por el mandato de la ley y no de los intereses cortoplacistas de grupos que son poderosos por ventaja de privilegios y negocios ilícitos.

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