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Opiniones de hoy

Una hoja de ruta vigente

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Los Acuerdos de Paz a 20 años.

 

A juzgar por una diversidad de actividades e informes académicos e institucionales, hay una Guatemala que se aferra a los Acuerdos de Paz como hoja de ruta. Esto es sobre todo cierto en el sistema de justicia, en referencia a su maduración institucional y a la respuesta que debe dar a una sociedad integrada por varios pueblos y miles de comunidades diversas étnicamente.

No es casual que la iniciativa de reformas constitucionales, que comenzó a discutir el Congreso este año, rescaten en esencia los Acuerdos de Identidad y derechos de los pueblos indígenas y el de Fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática, referidos al acceso a la justicia de los pueblos indígenas y el establecimiento de eslabones básicos de tratamiento de conflictos en las comunidades, así como a la modernización del sistema de justicia, incluyendo la carrera profesional y la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas.

La formulación de la justicia indígena fue deficiente hace 20 años cuando se firmaron los Acuerdos, y lo sigue siendo. Esa deficiencia incomunica a dos sociedades, indígena y no indígena o ladina, tradicionalmente desconfiadas entre sí. Quizá la comunicación debería de ser a través de antropólogos y no de abogados ni ideólogos.

Es importante entender, por ejemplo, que el sistema legal indígena sobrevive en la forma de usos y costumbres que norman su vida. Richard Adams ha explicado que esas normas no están escritas y se transmiten verbalmente, a la vez que evolucionan a distinto ritmo en diferentes comunidades. Él dice que el entendimiento de una ofensa varía según el lugar y el momento. Y debe tenerse en cuenta que no hay una “ley indígena consistentemente practicada por todos los pueblos indígenas” del país.

Cuando en 1985 la Constitución rompió el eslabón de justicia del Estado con el mundo indígena, se tuvo que haber generado un sistema de relaciones superior, en busca de un equilibrio y un trato más justo y armonioso. Pero no ocurrió. Hoy día el 80 por ciento de los municipios carece de juzgados y medios alternativos para procesar los conflictos. Y donde hay juzgados, según encuestas, el 90 por ciento de la población indígena no tiene acceso por distancia, costos, lentitud (burocratismo) y malos tratos, además que carecen de intérpretes. Bueno, ese desafío que los Acuerdos de Paz levantaron en el debate nacional, sigue sin conclusiones y menos que curiosidad por explorar vías de procesarlo, ha despertado animosidades, ataques y exacerbación de miedos.

El tema de la carrera judicial hasta los más altos rangos del sistema, así como profesionalizarla mediante métodos de selección, ascensos y destinos más técnicos y menos políticos, como son ahora, no debería de ofrecer mayores resistencias, puesto que beneficia a la mayoría de operadores de justicia y les abre un horizonte promisorio. Sin embargo, hay que admitir que el debate sobre estas reformas está tan desorientado que hasta algo tan obvio se puede perder.

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