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Opiniones de hoy

Es al pueblo –y solo al pueblo– a quien le corresponde decidir

opinion

La convocatoria a una consulta popular podría hacerse imperativa.

 

La Ley de Reconciliación Nacional –ley de la República que, al final de cuentas, no es más que otra amnistía– se diferencia de las amnistías anteriores que fueron decretadas a lo largo del conflicto armado (1960 – 1996) en que esta tuvo su origen en un acuerdo celebrado entre las partes en tanto que las otras obedecieron a decisiones unilaterales del Estado, sin que mediare pacto alguno.

Todas las amnistías anteriores y la que fue decretada por la Ley de Reconciliación Nacional tienen exactamente el mismo valor puesto que todas son leyes de la República: las que surgieron de los gobiernos de facto porque estos fueron por la propia Constitución legitimados.

La ley de Reconciliación Nacional, a diferencia de las otras, sin embargo, excluyó de su amnistía los delitos de genocidio, de incumplimiento de deberes de humanidad, de desaparición forzosa y de tortura, exclusión que ha llevado a que –pese a la paz firmada y a la entendida comprensión de que esta suponía la no persecución de los delitos perpetrados (delitos que tuvieran relación con el conflicto)– a pesar de que presuponía su no persecución –reitero– se están persiguiendo, persecución que vuelve a polarizarnos y que, de una u otra forma, nos amarra al pasado.

Comprendo que se haya excluido el delito de genocidio puesto que las partes sabían, como lo sabemos todos –salvo conocidas agendas– que jamás fue perpetrado genocidio alguno, es decir, actos que tuvieran la intención de exterminar, total o parcialmente a un grupo étnico, nacional o religioso ya que nadie fue muerto durante el largo conflicto (1960 – 1996) por ser evangélico o católico, indígena o ladino, sino por considerarse insurgente o contrainsurgente, indistintamente de su religión, su etnia o grupo nacional.

La intención de exterminio de un grupo político, sea total o parcialmente –nos guste o no– no constituye genocidio.

Con respecto a los otros delitos supongo su exclusión, en el caso de los delitos de desaparición forzosa y de tortura, por no haber habido tipificación delictiva de los mismos cuando se habrían perpetrado siendo el caso que la ley no tiene efecto retroactivo salvo si, en lo penal, favorece al reo, razón por la cual, aunque se hubieren perpetrado actos que habrían merecido tal calificación, inexistente su tipificación al momento de perpetrarse –no podrían perseguirse. (El de desaparición forzosa y su tracto sucesivo reviste otras aristas).

En el caso del delito de incumplimiento de deberes de la humanidad, salvo que tampoco hubiere habido tipificación para perseguirlo, solo podría concebirse su exclusión por una incomprensible insensibilidad de las partes ya que unos y otros los incumplieron.

Sean cuales sean las razones de la exclusión se hace obvio, a estas alturas, que nos conduce a que se siga viviendo el conflicto y que nos amarremos al pasado.

No es justo que se recrimine a fiscales y jueces y que se pretenda que estos –autoridades que deben atenerse tan solo a la ley– jamás a oportunidad o conveniencia –sean quienes den a este tema una solución política, solución que debió y que debe dar el legislador, el Congreso de la República.

Se legisla en nombre del pueblo y, en nombre del pueblo, se hace justicia, y si no existen las normas que el pueblo quiere y, en consecuencia, no se hace justicia como este querría, tan solo existe una forma de saberlo y, si fuere el caso, corregirlo –la consulta popular.

Lo común entre las amnistías unilaterales, conocidas también como amnistías militares y la amnistía contenida en la Ley de Reconciliación Nacional, amnistía pactada por las partes, es que unas y otra –tal lo común– fueron absolutamente ajenas a quienes no fueron parte alguna.

La Ley de Reconciliación Nacional excluye los delitos citados en tanto que las otras no lo hacen.

¿Por qué no preguntar al pueblo directamente –para eso existe la Consulta Popular– si se deben suprimir o sostener las exclusiones y –es más– si debe haber amnistía alguna o –por el contrario– si deben perseguirse todos y cada uno de los delitos que fueron perpetrados?

¿Por qué no preguntarle si prefiere ver hacia el futuro o seguir en el pasado?

¿Mi posición personal? La de siempre: Preferiría que todos los delitos –absolutamente todos– todos, sin excepción alguna –fueran perseguidos y que todos sus autores fueran castigados: Quien no respeta la vida de un ser humano, ninguna respeta.

¿Qué –aunque ingrata– era necesaria la amnistía para la paz? Pues bien, que sea el propio pueblo quien lo diga y que sea el propio pueblo quien defina sus alcances. Amén.

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