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Opiniones de hoy

El espinoso problema de las reformas constitucionales

opinion

Seguimos sin resolver las contradicciones que nos llevaron a la guerra.

El problema de la justicia en Guatemala es que está atravesado por la defensa de privilegios frente a la ley. El sistema de justicia ha sido a lo largo de nuestra historia un reflejo de nuestra sociedad clasista y racista. Y la gente se acostumbró a eso. Por eso les ha causado una violenta indignación los pasos gigantescos que se han venido dando: poderosos ladinos condenados por denuncias iniciadas por grupos indígenas. O casos de defensa del territorio avalados por la propia Corte de Constitucionalidad. O casos en que personajes pertenecientes a las más altas esferas sociales o de los más altos vuelos en la política han visto la cárcel de cerca. Los casos promovidos por la SAT en contra de figurones sociales causaron profunda indignación. En pocas palabras: la justicia ha allanado las ancestrales diferencias que forman la estructura más profunda de la sociedad guatemalteca. Esa estructura es como una roca. Hay que hacerla polvo para que el país pueda realmente avanzar. Pero no es fácil. Nunca nadie cedió sus privilegios sin dar batalla.

Hasta el momento las elites afectadas por los golpes de justicia han asumido que se trata de anomalías. Casos cuyos resultados tienen que ver con jueces malignos, o con otro demonio, fruto de la intervención internacional: la CICIG, o de la cooperación extranjera sesgada por los comunistas. Nunca han podido ver la necesidad de emergencia de una verdadera ciudadanía. Nunca han logrado comprender la necesidad de modernizar el país y alejarlo de las costas feudales del colonialismo. Mantener el país contenido en un diminuto puño cerrado es la consigna. Y para lograrlo apelan a toda clase de estrategias: las de la política sucia, las del desprestigio de las altas autoridades que promueven los cambios, pero las preferidas son las del miedo. En el caso del rechazo a la aplicación de normas de derecho indígena el arma que se utilizó fue el miedo a la diferencia cultural.

Cuando se dice que “no conviene” una aplicación de sistemas jurídicos diversos se está diciendo básicamente una cosa: que es mejor continuar imponiendo un sistema ajeno a una amplia población de ciudadanos guatemaltecos. Lo que no se dice es que esa amplia población ha sufrido la aplicación de un sistema que se maneja en español, con instituciones que no les son pertinentes culturalmente y que esa enorme cantidad de guatemaltecos nunca ha tenido incidencia en la formulación de las mismas. En pocas palabras, se defiende un sistema antidemocrático y marginalizador. Nos reencontramos con los factores que incidieron en el fracaso de los Acuerdos de Paz. Y ojo, su razón de ser fue hacer evolucionar una estructura social cuyas contradicciones nos llevaron a una guerra que fue demasiado larga. Lo triste es que no termina.

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