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Opiniones de hoy

Lo que no logramos por civismo

opinion

Hacer tormentas en vaso de agua.

La guerra política de movimientos a la que me referí la semana pasada tiene una materia jurídica/política/moral (el pacto social) y muchas expresiones retóricas (descalificaciones, ofensas y acusaciones sin relación con los hechos) cuyo conducto favorito es ahora las redes sociales, a través del montaje de decenas de call centers que simulan corrientes de opinión.

Restando la inflamada retórica y los intereses dinerarios que alimenta a sus promotores, la tensión tiene una causa simple: el ajuste coercitivo a una base de legalidad en la relación entre el Estado y los particulares, dado que el respeto al pacto social que nos dimos en 1986 no se alcanzó –pudo haber dicho Confucio hace unos 2 mil 500 años– por civismo, ni honestidad ni dignidad, y porque no fuimos capaces de dar los puestos de responsabilidad a los honrados, capaces y con credibilidad.

Ajuste a la ley significa, por ejemplo, que, si se financian campañas electorales, sean registrados los montos y el origen, para la propia salud del sistema político. Que, para la eficiencia del gasto público, las contrataciones y compras sean realmente competitivas, sin sobrecostos y con controles de calidad. Que, como defensa mínima de la Nación y para capitalizar al Estado, hay que tasar con racionalidad económica el uso y la explotación de los bienes públicos. Que deben pagarse los impuestos que corresponden y establecerse “cero tolerancia” al extendido escamoteo tributario. Obligar al cumplimiento de las normas laborales y ambientales. Y si los empleados y autoridades extorsionan a los ciudadanos por un servicio, que existan los mecanismos y la certeza de que serán sancionados.

Ajustarnos a esas normas mínimas de convivencia no tiene nada de comunista, socialista o populista. Son las reglas básicas para el buen funcionamiento del sistema, y todos ganaríamos un poco de certeza, compromiso y sentido de justicia si las cumplimos. Por tanto, disciplinarnos no debería de ser motivo para desatar una guerra política como la que estamos viendo. Es más, tendría que ser la base programática de una fuerza conservadora decente, responsable y nacionalista.

Por tanto, la racionalidad de esas fuerzas debería de consistir en edificar un Estado fuerte (legítimo, con autoridad) y encaminar una estrategia de desarrollo económico, o sea, las condiciones para hacer de Guatemala una nación justa y con progreso. Eso, en vez de pagar las improductivas e inútiles armas y municiones de la guerra política (y judicial), con sus retóricas, espionajes y amenazas, además de erogar cuentas millonarias a cabilderos gozosos.

En cuanto a principios y normas de convivencia no hay mucho qué agregar. El pacto social está muy bien hecho, solo hay que forzar su cumplimiento general y encaminarlo hacia una mejor arquitectura republicana (y menos corporativa). Una conducta de gobernantes y gobernados proclives a la justicia y la búsqueda del bien común, acortará en apenas un periodo de gobierno el poder de decisión de jueces no aptos, autoridades inclinadas a las prácticas corruptas y de particulares transgresores, incluyendo abogados tramposos que ahora mismo se aprovechan de la incertidumbre y el temor de varios ciudadanos.

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