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Opiniones de hoy

A Dios rogando…

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No más temores, no más silencio por parte de los juzgadores, hay que denunciar a los que los amenazan, presionan o intimidan

Hace pocos días fue presentado el “Noveno Informe Anual de Labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”. El comisionado Iván Velásquez Gómez, con magistral elocuencia, en menos de veinticinco minutos, dio un acertado diagnóstico de la realidad guatemalteca, los escenarios previsibles y los retos de los operadores de justicia y de los guatemaltecos en general, de cara a fortalecer la piedra angular en todo Estado democrático como lo es, el sistema de justicia.

El diagnóstico parte de una realidad que hasta hace algún tiempo era nada más un secreto a voces, y que ahora ya tiene rostro: “la Cooptación del Estado”, la que involucró redes político-económicas conformadas por algunos funcionarios públicos, empresarios, agentes bancarios e incluso medios de comunicación, que saquearon el erario público e influyeron en el sistema de justicia para garantizar su impunidad.

La macrocriminalidad instaurada, tiene en el caso “La Línea” su primera expresión; ese constituye solo la punta del “iceberg” de una perversa estrategia basada en coimas, adjudicación de contratos públicos de forma irregular, tráfico de influencias y otros. Casos como “TCQ”, “Plazas Fantasmas”, “Botín Registro de la Propiedad”, “Bantrab”, “Aceros de Guatemala”, siguen en investigación y se avizoran más.

Ante ello, la situación del sistema de justicia amerita “cirugía mayor” para hacer frente a los desafíos que implica esta “peculiar delincuencia”, con vasto poderío económico e importante apoyo político, debido al financiamiento que por décadas ha fomentado el círculo perverso, que podría enmarcarse, de acuerdo con las resoluciones judiciales que se emitan, en la comisión de delitos o no, de cohecho activo, cohecho pasivo y otros. Si las acciones en contra de la delincuencia, no continúan por la ruta de la aplicación de la ley ante los hechos cometidos, se corre un alto riesgo de regresión al pasado, y esto puede traer como consecuencia, tal como lo afirma el Comisionado, la libertad para los hoy detenidos y devolución de bienes mal habidos.

Los mismos que entorpecen y “baten con torpedos” los procesos judiciales, son los que simultáneamente reprochan lentitud en la administración de justicia, ¡vaya paradoja! No más temores, no más silencio por parte de los juzgadores, hay que denunciar a los que los amenazan, presionan o intimidan.

Además de la imperante restauración moral del sistema de justicia, necesitamos de un Organismo Judicial verdaderamente independiente; un Ministerio Público con mayor cobertura territorial y mayor capacidad técnica. Qué decir, de la imperante necesidad de mejorar sustancialmente el
vergonzante sistema penitenciario.

Los guatemaltecos que queremos y añoramos una Guatemala justa, reconocemos con gratitud el esfuerzo inédito de la cooperación internacional con nuestra patria. El clamor de los guatemaltecos de bien, ante los avances alcanzados, se centraliza en no permitir que nos ahoguemos en el fango de la impunidad y corrupción. Como ha dicho muchas veces el comisionado Velásquez, “…la CICIG más que apoyos necesita compromisos…”, por lo que,
“…pueden estar seguros, sino se cambian las reglas fundamentales del sistema, el pasado volverá con más fuerza y
arrasará los avances del presente”
.

El sistema de justicia no puede seguir siendo un mercado de favores, por eso es indispensable reformar la Constitución Política de nuestra República. A los que se oponen por privilegios sectoriales, ignorancia, indiferencia o racismo, la historia los juzgará.

* Vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

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