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Opiniones de hoy

Rendición de cuentas

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En su libro Rendición de Cuentas, el exministro de Finanzas durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), Juan Alberto Fuentes Knight, pone de manifiesto el desgobierno del expresidente Colom, así como la grave sustitución de la estructura formal del Organismo Ejecutivo (el gabinete) por una estructura informal (Consejo de Cohesión Social) que asumió todo el poder político sin asumir, a la vez, la responsabilidad de sus actuaciones.

Fuentes Knight claramente expresa que “el Consejo de Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio gabinete y es lo que mejor ejemplifica la función informal de primer ministro que ejercía la primera dama (Sandra Torres)”. Esto último abona a la respectiva investigación penal contra el exgobernante Colom, por delegación ilegal de funciones.

En todo caso, el primer ministro es el jefe de Gobierno en los Estados en los que la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno la ejercen dos personas distintas. En Guatemala, de acuerdo con la Constitución, ambas jefaturas están concentradas en una misma persona: el Presidente de la República. Sin embargo, según Fuentes Knight, Sandra Torres se desempeñó como primer ministro (jefe de Gobierno o del Ejecutivo) y Colom como jefe de Estado, cuya gestión se limitó a actos ceremoniales o protocolares.

Agrega Fuentes Knight que “la instancia de cohesión social pronto se convirtió en el foro de toma de decisiones más fuerte, que incluía no solo a ministros sino también a secretarios y a directores de entidades que manejaban recursos, como Fonapaz y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi)”.

El exministro Juan Alberto Fuentes Knight, respecto del programa Mi Familia Progresa (el programa clientelar estrella del régimen de Colom), afirma que “el cuestionamiento posterior sobre el manejo de fondos a que estuvieron sujetos tanto Obdulio Solórzano como Salvador Gándara puso de manifiesto los costos –desorden, corrupción o ausencia de rendición de cuentas– de acudir a mecanismos ad hoc –Fonapaz– (Fondo Nacional para la Paz) y –SCEP– (Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia) para realizar gastos que los ministerios debían realizar”. Sin duda, un patético reconocimiento del obsceno e impune saqueo, por la vía de los programas clientelares, durante el régimen de Colom.

Por otro lado, en 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció que el partido del exgobernante Colom (la UNE) había recibido financiamiento electoral ilícito. También han trascendido los escándalos de la sobrevaloración de los buses del Transurbano, la opacidad en el manejo del subsidio al transporte urbano metropolitano, el trasiego de dinero en efectivo a través del Protocolo del Aeropuerto La Aurora, así como el manejo discrecional, clientelar y secreto del financiamiento público de los mal llamados “programas sociales”. Lo anterior sin perjuicio, por supuesto, de las “cosas gruesas, pero gruesas” que denunció electoreramente el diputado Mario Taracena, hoy flamante presidente del Congreso.

La CICIG y el Ministerio Público se han concentrado en investigar los escándalos de corrupción durante el régimen de Otto Pérez y Roxana Baldetti, lo que está bien. Sin embargo, los escándalos de corrupción durante el régimen de Colom siguen sin esclarecerse y, por ende, permanecen grotescamente impunes. No entendemos el porqué de la omisión o de la demora, en su caso.

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