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Opiniones de hoy

La incertidumbre político-electoral de mediano plazo

opinion

Ante el cambio de las prácticas informales, existe duda sobre el entorno para el 2019.

Antes de las elecciones del 2015, en el sistema político guatemalteco existían una serie de prácticas informales aceptadas por la mayoría de los actores y la sociedad en general.

Se aceptaba como válida la premisa que el candidato presidencial que alcanzaba el segundo lugar, “le tocaba” ganar los siguientes comicios. La política se concebía como un ciclo de inversión-rentabilidad: se financiaban campañas con el objetivo de obtener réditos vía negocios con el Estado. En este contexto, el financiamiento electoral era anónimo, de dudosa procedencia y no quedaba registrado en la contabilidad oficial. Asimismo, se consideraba que para ganar una elección se requería de una inversión multimillonaria en publicidad y clientelismo. Se aceptaba que los partidos operaran como vehículos electoreros, sin mayor propuesta ideológica o programática, construidos coyunturalmente con el objetivo de llevar a un caudillo al poder, y que operaban cual “franquicias electorales”. Además, se utilizaban las “plazas fantasma” en las instituciones para incorporar a las planillas públicas a los activistas partidarios de tiempo completo. Se consideraba también que todo político necesitaba de un período de dos años para “darse a conocer”, antes de convertirse en “candidateable”.

No obstante, la ofensiva anticorrupción del último año y medio, los atípicos resultados electorales del 2015, y la limitada agenda reforma institucional, ha venido a trastocar los incentivos y las reglas
informales del sistema.

La tradición del “le toca” llegó a un abrupto final con la estrepitosa derrota de Manuel Baldizón. Por el contrario, el ganador resultó ser un candidato poco conocido en el ruedo político, quien participaba por primera vez en una carrera presidencial, y que llegó al poder con un partido débil, con limitada inversión en publicidad y escaso clientelismo. Asimismo, la competencia clientelar entre el partido oficial, Lider, y el recuerdo histórico del clientelismo de UNE y Sandra Torres redujo la efectividad del clientelismo para “comprar votos” en el campo.

El avance de los casos de corrupción ha venido a alterar el ciclo inversión-rentabilidad. Hoy varios diputados se quejan que “no les salen las cuentas”, dado que ante los controles anticorrupción, no han podido echar mano de las plazas y los negocios públicos para rentabilizar su inversión. Mientras la ofensiva contra las plazas fantasma ha impedido a los partidos conseguir un sueldo para sus activistas de tiempo completo, lo que limita su capacidad de mantener la operación permanente de sus agrupaciones. Mientras que la ofensiva contra caciques (tipo Medrano, Crespo, Hichos y demás) provoca que el modelo de partido franquicia entre en crisis.

Finalmente, está el modelo de financiamiento. Entre la reforma a la Ley Electoral, Decreto 16-2016, que establece estrictos controles a las finanzas de los partidos, y el caso Cooptación del Estado, que marcó el gran golpe penal contra el financiamiento anónimo, hoy los partidos se preguntan de dónde provendrán los apoyos financieros para la siguiente campaña.

La crisis de las reglas informales abre la puerta para sanear el sistema electoral. Sin embargo, a poco más de dos años de convocar a elecciones 2019, poco se discute sobre los retos que implica para toda organización política –sea nueva o tradicional– adaptarse a un entorno en transformación. En el vacío que crea el recambio de reglas, impera la incertidumbre.

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