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Opiniones de hoy

¿Deseamos vivir en un Estado de Derecho?

opinion

¿Fortalecimiento institucional o corrupción? Los ciudadanos debemos optar.

Una de las más grandes alegrías que han tenido en los últimos tiempos los grupos de poder en Guatemala fue el triunfo de Trump. Con la particular estrechez de su visión, creen a pie juntillas que esto implica matemáticamente el retiro del embajador Robinson y, según se imaginan, el fin de la incidencia de CICIG en Guatemala.

La CICIG a cargo de Iván Velásquez ha significado muchas cosas para nuestro país. Una de ellas es plantear una posibilidad insólita: que las reglas del juego que hasta hace poco constituían lo “normal”, se enjuiciaran desde otra perspectiva. Prácticas comunes, constitutivas de delito, pero ¿a quién le importaba? Aportes ilegales a las campañas electorales, la compra de facturas para defraudar al fisco, beneficiarse de plazas fantasma, participar en negocios fraudulentos en beneficio de los grandes proveedores, cohecho, malversación… La “flexibilidad” institucional que cerraba los ojos ante prácticas delictivas, nos estaban llevando rápidamente a la condición de Estado fallido. A todas luces, el cambio debería parecernos plausible y positivo.

Sin embargo, el combate a la corrupción no tiene detrás un apoyo indivisible por parte de la ciudadanía. El problema central es que la corrupción no es en Guatemala un asunto excepcional que involucre a unos cuantos. Se trata de un sistema ampliamente participativo, una forma de vida, una manera de hacer negocios y, desafortunadamente, una forma de concebir la política.

Así las cosas, existen muchos grupos orquestando en contra de la ola anticorrupción. Retomar el poder dentro del Congreso de la República fue uno de los objetivos primordiales. En esta toma participó el propio Presidente de la República que muy lejos ya del personaje de la campaña electoral (el impoluto Jimmy), no ha ejercido ningún liderazgo en favor del fortalecimiento institucional. Lejos de eso, se convirtió en la bisagra que permitió una Junta Directiva ad hoc para frenar las reformas internas que recién iniciaban.

Ahora está sobre la mesa el debate de las reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia y quizá no haya suficiente torque para lograr este objetivo. Porque un sistema de justicia débil ha servido a muchos. Un sistema trastocado por la politización de las Comisiones de Postulación, por barreras a la justicia como el derecho de antejuicio, por la falta de recursos económicos y la dependencia tanto del OJ como del MP en la asignación presupuestaria.

Entonces, la pregunta vuelve a las manos de los ciudadanos. ¿Queremos vivir en un Estado de Derecho? ¿O preferimos volver a nuestro viejo y conocido sistema de apariencia de legalidad y manoseos bajo la mesa? Al fin y al cabo, optar por la corrupción o la legalidad es una decisión que mucho tiene que ver con esa corriente subterránea y poderosa que se llama cultura.

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