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Opiniones de hoy

El eslabón roto de la justicia

opinion

Ubico lo entendió mejor.

Es difícil saber dónde termina el desconocimiento y dónde empieza la mala fe. Sin concepto se acude a la anécdota, que caricaturiza. Ejemplificar actos delictivos (linchamientos, tratos crueles y extorsiones) como justicia indígena, es más que desinformación. Es buscar la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio. Los linchamientos, los tratos crueles e inhumanos y los actos extorsivos que ocurren cotidianamente en pueblos ladinos e indígenas, es manifestación de la ausencia de Estado de derecho, de pérdida de soberanía estatal sobre porciones enteras de territorios y sus habitantes, incluyendo áreas de la propia capital y municipios vecinos, y también de una cultura autoritaria que nos pinta enteramente como sociedad no evolucionada.

Como ya escribí, Jorge Ubico y los viejos terratenientes de principios del siglo pasado, entendieron mejor que nuestros constitucionalistas y legisladores “modernos” y cosmopolitas, que la gobernanza con los pueblos indígenas pasaba por respetar sus formas de organización y tratamiento de conflictos. La figura del alcalde auxiliar (que por su eficiencia se fue extendiendo a poblaciones ladinas) fue el eslabón de justicia, reconocido oficialmente, pero electo según las propias formas de las comunidades, y cumplió con una manera pertinente de administrar justicia.

Los constituyentes de 1984-85 rompieron ese eslabón y lo que propusieron a cambio, el sistema único de justicia, después de 30 años se ha mostrado incapaz de abrir la puerta de la justicia a millones de habitantes. En su inmensa mayoría los jueces de paz desconocen la cultura, no hablan los idiomas y están muy lejos de la gente, a pesar de que residen en cada municipio. Centenas de miles de casos que no saben atender están relacionados con violencia intrafamiliar e irresponsabilidad paterna, no digamos disputas de linderos, robos y otros. Para una mujer indígena monolingüe la justicia simplemente es inalcanzable, por distancia física, barrera idiomática y los inevitables gastos que no puede costear.

Puedo entender que ciertas autoridades indígenas están en desacuerdo con la propuesta de reforma constitucional, pues les obliga a evolucionar hacia las normas constitucionales y los derechos humanos universales reconocidos desde mediados del siglo pasado. Ciertas prácticas de sanción indígena no son plausibles, como tampoco las occidentales, pero de lo que se trata es de que las culturas que habitan una misma jurisdicción político territorial evolucionen hacia sistemas más humanos, reparadores y morales. Se trata de buscar el entendimiento entre los pueblos y no la negación sistemática del otro.

Por más que repitamos que todos los guatemaltecos somos iguales, eso no es cierto. Los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, pero diferentes en manifestaciones culturales, prácticas, creencias y organización social. Justamente en la diferencia está la riqueza y la polinización de las culturas, que así florecen y se transforman. Que nuestros pobres congresistas le hayan puesto una tranca al reconocimiento del pluralismo jurídico es una mala noticia para todos, en especial para los gobernantes que deberán seguir lidiando (impotentes) ante los conflictos y también para las empresas, no digamos para los desamparados.

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