Si bien cualquier cambio que implique mejoras al funcionamiento del sistema de justicia debería ser bienvenido, no todo cambio, necesariamente, implica un avance en la consolidación del Estado de Derecho. Concepto jurídico fundamental que debe distinguirse de un mero Estado de Legalidad, en donde lo único que importa es la estricta observancia a las leyes emanadas por cualquier cuerpo legislativo, independientemente si las mismas respetan o no derechos fundamentales y si las mismas en su actuar se rigen un marco jurídico que limita la forma en que pueden usar el poder. De esa cuenta, un país como Venezuela, en donde el Chavismo se ha preocupado siempre por legislar hasta el más mínimo detalle de la vida política, social y económica de sus ciudadanos, tiene el deshonroso privilegio de ocupar el último lugar en el índice de Estado de Derecho (Rule of Law) del Proyecto Mundial de Justicia (www.worldjusticeproject.org), por debajo de países como Afganistán, Zimbabue o Camboya. No muy lejos de países como Bolivia, que ocupa el lugar 94 de 102 países, Honduras, lugar 90, Nicaragua, lugar 85, y Guatemala, lugar 85.

Según este índice, en un Estado de Derecho se define en función de ocho criterios de medición dentro del índice, en las cuales Guatemala ocupa los siguientes lugares en el ranquin global de 2015 (102 países): límites a los poderes públicos (64); ausencia de corrupción (89); gobierno abierto (70); derechos fundamentales (54); seguridad y orden (95); cumplimiento de las regulaciones (90); justicia civil (97); y justicia criminal (95). Criterios que, a su vez, se descomponen en más de 44 indicadores específicos acerca de la calidad del Estado de Derecho. Dado que “el diablo está en los detalles”, no hay garantía alguna que una, supuesta, gran reforma como esta no termine convirtiéndose en un fracaso cuando se ponga en práctica. Ahora que las reformas constitucionales al sector justicia son un hecho, sería importante pasar de los objetivos generales y grandes promesas a los resultados específicos que se esperan de ellas. Es decir, a los impactos medibles que dichas reformas tendrán sobre el bienestar de los guatemaltecos.

El debate que tendrá lugar de ahora en adelante, de cara a una consulta popular, tiene que aterrizar en impactos específicos esperados de las reformas aprobadas. ¿En qué aspectos específicos mejorará la justicia? ¿Cuáles son los indicadores?¿Cuánto mejorarán estos indicadores?¿En qué plazo? ¿A qué costo? Como mínimo, este son el tipo de preguntas que deben responderse en esta materia. Sería triste que después de todo este proceso de reforma, en lugar de mejorar en los indicadores del Estado de Derecho se termine cayendo más bajo. Una reforma de este tipo no puede, ni debe, juzgarse solamente en función de sus grandes ideales u objetivos generales, sino en base los resultados medibles que se esperan obtener de la misma. De lo contrario, cualquier resultado parecerá aceptable, aunque sus costos sean muy altos.