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Opiniones de hoy

La ofensiva regional contra la corrupción

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Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá viven casos de alto impacto contra la impunidad.

Durante los últimos 18 meses, Guatemala ha sido referente a nivel mundial en cuanto al avance en la lucha contra la corrupción. Y si bien el caso guatemalteco es único en cuanto a las características del proceso, la profundidad del mismo y la magnitud de los cambios políticos generados, resulta que la ofensiva contra la corrupción tiene un carácter regional.

El caso con mayor nivel de similitud al guatemalteco es el hondureño. Derivado de la experiencia con una comisión internacional contra la impunidad, y derivado de las denuncias de corrupción en contra de funcionarios de la seguridad social, el vecino país suscribió un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para integrar una “Misión de Apoyo  contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras” (MACCIH), la cual está moldeada en parte a la sombra de la experiencia guatemalteca, pero con funciones ampliadas para participar en procesos de reforma institucional y electoral. Y si bien la Misión tiene menos de un año de operar, sus primeras acciones se asemejan al rol de CICIG en sus primeros años: diagnosticar la situación de impunidad, promover reformas legales para fortalecer la persecución penal y acompañar la designación de magistrados y funcionarios de control. De esta forma, que no nos extrañe que los resultados profundos de MACCIH se hagan sentir a partir del 2017 o 2018.

Asimismo, en el caso hondureño, también se ha sentido la sombra de Washington. Por un lado, vía el apoyo político y financiero a MACCIH; pero también, debido a que los casos concretos que han sacudido al sistema político hondureño han provenido de cortes neoyorquinas: la persecución de los Rosenthal y la posterior liquidación de los activos de Banco Continental, y la captura del expresidente Rafael Callejas en el marco del caso #FIFAGate.

En el caso salvadoreño, existen algunas diferencias en cuanto al proceso, pero con similitudes sustantivas. Por un lado, si bien no se ha integrado una comisión internacional de apoyo, la Fiscalía General sí ha conformado una Unidad Anti Impunidad, con apoyo financiero y técnico de Estados Unidos. Dicha unidad elite estaría a cargo de conocer los casos contra políticos, altos funcionarios y personajes de la vida política nacional. Y a lo largo de este 2016, la justicia ya ha alcanzado a los dos últimos expresidentes. Primero, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al exmandatario Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito; y luego, hace tan solo unas semanas, se capturó al expresidente Antonio Saca y miembros de su equipo de trabajo por un caso de peculado en Casa Presidencial.

Y finalmente, en el caso panameño –similar a la experiencia guatemalteca– la ofensiva judicial la dirige una fiscal mujer, que se ha caracterizado por su línea dura contra la corrupción. La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, ha iniciado investigaciones judiciales que alcanzan a más de 292 personas, vinculadas a la elite política canalera. Y particularmente, resaltan los casos contra el expresidente Ricardo Martinelli, a quien se le persigue por corrupción en los programas sociales (Programa Nacional de Ayuda) y por denuncias de espionaje en contra de opositores políticos.

Centroamérica vive su cruzada contra la corrupción y la impunidad, empujada en el Triángulo Norte parte por el apoyo de Washington a la depuración los cuadros políticos.

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