En uno de los editoriales de este medio de los primeros días del mes de abril de 2009 decíamos que la propuesta de reforma constitucional del movimiento ciudadano ProReforma era “interesante y llamaba a la reflexión” y se hacía un llamado al Congreso para que se analizara con “objetividad e imparcialidad”. El destino de esta reforma es bien conocido por todos: la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, emitió dictamen desfavorable después de un maratónico ejercicio de consulta de casi un año de duración con más de cien grupos de la sociedad civil que llegaron al Congreso a manifestar sus puntos de vista. El referido dictamen, de más de cien páginas de extensión, estaba lleno de profundos análisis, ingeniosas comparaciones, sesudas opiniones y extensas exposiciones doctrinarias en materia de derecho constitucional. Razones que llevaron, a pesar de las más de 70 mil firmas, en ejercicio de la iniciativa popular, que apoyaban la propuesta, a los integrantes de la referida Comisión decidieron negarle a dicha propuesta una oportunidad en el pleno.

Llama poderosamente la atención que estemos hoy ante la inminente aprobación de una propuesta de reformas constitucionales por el pleno del Congreso sin que haya existido un proceso similar de análisis y consulta al respecto. Una actitud que resulta menos aceptable de cara a la creciente oposición a la referida reforma por parte de expertos constitucionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación. Grupos que, en resumidas cuentas, denuncian que la propuesta actual contiene “evidentes contradicciones… que provocarían lagunas legales y darían lugar a diversas interpretaciones, lo cual es inconveniente para el país, ya que el texto constitucional debe concederle a toda la población seguridad y certeza y no dudas sobre su aplicación”, para usar las mismas palabras que uso la referida Comisión para dictaminar negativamente la propuesta de ProReforma. Por más que se esgriman profundos argumentos jurídicos, el trato diferente a dos propuestas de reforma en la misma materia hacen pensar a cualquier que, la negativa a ProReforma y el empecinamiento por aprobar aceleradamente la propuesta actual, obedece más a razones ideológicas que a la búsqueda de los más altos ideales de justicia.