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Opiniones de hoy

El debate está desenfocado

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¿Queremos mejor justicia o derrotar a la CICIG-MP?

 

Observando el encendido tono de la polémica desatado por las reformas a la Constitución en el campo de la justicia, que se llevaron al Pleno del Congreso, me queda la impresión de que se trata de una competencia política abierta y sin cuartel entre sujetos procesales, dado el contexto que se abrió en abril de 2015. Si el debate está así, como creo, de contaminado, eso quiere decir que su verdadero propósito no es procurar el mejoramiento del sistema de justicia, sino propinarle una derrota política a quienes se percibe como los verdaderos motores de la reforma, la CICIG y el MP.

Parece un despropósito, pero nuestra historia está colmada de aparentes actos de demencia y verdaderos procesos suicidas que, como Nación, nos han llevado al borde del precipicio y al fracaso como Estado. Ahora mismo quedamos en ese límite, incapaces de ver el abismo que nos señalan. Nuestra miopía apenas nos deja calificar el dedo que señala el precipicio.

He leído las reformas como cualquier ciudadano, con ojos de lego, pero consciente de los impactos que tienen en la convivencia social. Encuentro fórmulas muy razonables, como fortalecer la carrera judicial, más allá de lo que dice la ley ordinaria aprobada este año. También me parece funcional –como lo es en la mayoría de sistemas judiciales del mundo– separar las funciones administrativas y jurisdiccionales. No es un asunto de recarga de trabajo sino de salud del sistema. El Congreso lo está aprendiendo en carne propia con los escándalos de las plazas fantasmas.

También veo sensato que la renovación de magistrados sea segmentada, y no una decapitación absoluta como es ahora. Por otro lado, transformar el antejuicio del muro de impunidad que es ahora, en un mecanismo de control de las altas autoridades del Estado, resume una de las mejores lecciones aprendidas de estos 30 años de democracia. Sobre los mecanismos de postulación hay que decir que no existe ni uno perfecto, infalible o sin garantía de desastre.

Las comisiones de postulación son la fórmula más incluyente de la sociedad que se nos pudo haber ocurrido y, sin embargo, nos crearon más problemas de los que resolvieron. Al ampliarlas con las reformas de 1994, solo dilatamos el problema. Nadie puede anticipar que un Concejo Nacional de Justicia es la solución, pero seguir con el actual sistema es insensato. Lo que la experiencia comparada demuestra es que los mecanismos pueden ser malos o buenos según el uso intencional que les da la sociedad, no por la manera como se escriben. Si no queremos Estado de derecho, no lo tendremos, con o sin reformas.

¿Y qué decir del derecho indígena? Nuestros debates y argumentos solo delatan nuestra crasa ignorancia sobre la otra mitad de Guatemala, la más antigua y agraviada. Por eso más importante que leer a los expertos en Constitución es ir a vivir a las comunidades y entender porqué sí tiene sentido la justicia reparadora más que el castigo, y que, como toda cultura abierta, ese derecho indígena también está en evolución.

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