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Opiniones de hoy

Regulación de concesión portuaria

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La procuradora general de la Nación, Annabella Morfín Mancilla, propuso al Organismo Ejecutivo un proceso de regulación de la “concesión encubierta” de servicios portuarios que, mediante un supuesto “usufructo oneroso”, la entidad estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgó a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), propiedad de la entidad española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que, posteriormente, traspasó las acciones de TCQ a la compañía holandesa APM Terminals y a la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

El proceso de regulación, además de que busca viabilizar el proyecto portuario, pondría fin a la improcedente e ilegal intervención de TCQ, que fue dictada como medida cautelar para la extinción de dominio, que, más temprano que tarde, podría redundar en el desfinanciamiento y la segura bancarrota de TCQ, lo que, por supuesto, conllevaría la correspondiente deducción de responsabilidades legales.

El referido proceso de regulación contempla, entre otros, los siguientes aspectos razonables: 1) APM Terminals pagará al Estado de Guatemala la suma de US$43.2 millones, de los cuales US$32.7 millones se recibirán en concepto de reparación civil; US$10.5 millones se invertirán en los municipios del departamento de Escuintla, bajo el criterio de responsabilidad social empresarial, a razón de US$500 mil anuales. 2) APM Terminals se obligará a desvincular de TCQ a todos aquellos funcionarios y consultores que hubiesen participado o tuvieren conocimiento de los sobornos que se dieron en torno a la referida “concesión encubierta”. 3) APM Terminals desistirá de la excepción de incompetencia interpuesta dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad absoluta del “usufructo oneroso”, así como se allanará a la pretensión de nulidad, a fin de que esta pueda declarase judicialmente.

Al efecto, el Organismo Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se otorga a TCQ una concesión directa, sin licitación previa, por el plazo de 21 años.

Entendemos que el proyecto de construcción de la respectiva terminal de contenedores no puede quedar a la deriva, que no puede perderse la inversión realizada y que dicho proyecto debe ser rescatado en función del desarrollo económico del país, por lo que es lógico que se llegue a una solución que, aunque no sea la ideal, convierta el actual círculo vicioso en uno virtuoso.

Sin duda, lo idóneo es que, como debió haber ocurrido desde un inicio, el Congreso apruebe la concesión del servicio público portuario respectivo, como lo ordena la Constitución, por supuesto en un contexto de términos y condiciones razonables, competitivas y sin privilegios fiscales. Por consiguiente, la propuesta de la procuradora Morfin en ese sentido es correcta, así como la reserva de que dicha concesión deberá quedar sin validez “si en algún momento llegara a demostrarse que APM Terminals tenía conocimiento previo de los sobornos señalados por el Ministerio Público”.

No obstante, ha surgido en el seno del Congreso una oposición facciosa feroz contra el referido proceso de regulación, que no aporta alternativas de solución y cuyo objetivo es que fracasen las iniciativas de la procuradora Morfin y del presidente Jimmy Morales, aunque esto lesione los intereses de la Nación. Aparentemente, este despropósito se origina de viejos lodos de odio, rencor y berrinche.

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