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Opiniones de hoy

Falta empleo, no más regulaciones

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Qué fácil resulta para ciertos grupos, por cierto, muy bien financiados por una oportunista cooperación internacional, argumentar que en Guatemala se cometen todo tipo de atropellos en materia laboral. Según estos grupos se vive en el país un clima de “impunidad laboral”, ya que no se cuenta con mecanismos que garanticen que las empresas cumplirán con la normatividad laboral. Para principiar, si tales análisis fueran medianamente balanceados, deberían indicar también que la gran mayoría de empresas en Guatemala, por definición, no pueden, ni podrán hacer frente jamás a tan complicada y costosa regulación laboral. La razón es sencilla, la mayor parte de empresas en Guatemala son micro y pequeñas empresas con menos de cinco trabajadores; empresas, en su mayoría, que no cuentan con la productividad y ganancias mínimas para hacer frente a todo los costos que implica cumplir con la legislación laboral.

Por más inspectores de trabajo que tuviera el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y por más poder sancionatorio que pudieran tener en sus manos, la triste realidad es que poco o nada podrían hacer para sancionar al 70 por ciento de todos los guatemaltecos que viven fuera de la legalidad laboral. Parecen no entender estos analistas, así como sus gamonales patrocinadores, que el problema del país no es de falta de normativa, capacidad de inspección o capacidad de sanción por parte de las autoridades, sino falta de puestos de trabajo formales en donde los 5 millones de guatemaltecos que laboran en la informalidad puedan exigir la protección de sus derechos.

Creer que dotando al Ministerio de Trabajo de más capacidad de verificación y sanción se resolverá el problema de la falta de empleo es una total equivocación. En todo caso, si existiera un poco de balance, este tipo de estudios deberían también incluir un exhaustivo análisis de los costos que implica crear y mantener una plaza formal de trabajo en el país. Si hicieran tal ejercicio fácilmente se darían cuenta que la supuesta “impunidad laboral” no es más que la forma en que el sistema se ajusta a una normativa que no guarda relación alguna con las condiciones de sobre oferta de mano de obra no calificada en el país. Lamentablemente, los “jugosos” fondos de cooperación internacional que patrocinan este tipo de estudios solamente sirven para garantizar el empleo de quienes realizan los estudios; el resto de guatemaltecos deberá seguir esperando a que un día existan más plazas de trabajo formales disponibles para poder acceder a un empleo.

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