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Opiniones de hoy

TCQ no escapa de su sombra

opinion

La maldición de los contratos “sastre”.

El usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) empezó en la nocturnidad y está terminando igual. En la Semana Santa de 2012 se tramitó el contrato bajo una figura legal dudosa y cuando la gente regresó de la playa estaba aprobado. Después algún frustrado comisionista filtró la información al Congreso y a los medios, pero más allá del escándalo nada pasó. La obra se llevó a cabo empleando, en gran medida, recursos de bancos locales (no fue inversión extranjera fresca), y este año se conoció en los tribunales las millonarias comisiones bajo la mesa que engrasaron el negocio.

El caso en efecto está en tribunales, con causas penales y administrativas pendientes. Hace casi seis meses TCQ fue intervenida por mandato de un juez, y la nueva gestión de la Procuraduría General de la Nación, guardiana de los intereses del Estado, tomó cartas en el asunto. Quizá cayó pesadamente sobre la espalda del interventor y de la PGN la sombra de otro monumento a la corrupción, el millonario y oneroso proyecto Celgusa de la década de 1980, cuyas instalaciones vemos erguidas y ociosas a la altura de El Rancho, en medio de un paisaje semidesértico, y por eso quisieron disipar rápidamente ese estigma.

Su conclusión (recomendación, ¿mandato?) es que el proyecto se debe poner en operaciones dándoselo a ATM, la empresa holandesa que antes del escándalo judicial compró la fruta podrida a los catalanes. El dulce es que la firma que adquirió los derechos generosamente dará una compensación de una treintena de millones de dólares. Y la “sentencia” es que no hay opción, salvo el abandono. Para ese efecto se envió el proyecto de Ley al Congreso, vía el poder Ejecutivo, con un impertinente plazo de 40 días para votarlo (en este caso, pocos hablan de discutirlo abiertamente y que no se tramite fast track). Adicionalmente, el presidente Jimmy Morales se ha inscrito a la causa, pero no adjuntó el contrato a la iniciativa de ley, según se quejan los diputados.

Por supuesto que se requiere infraestructura portuaria moderna y eficiente. Pero, ¿por qué seguir haciendo mal las cosas? En estos meses de intervención de la TCQ la misión central de las autoridades era arrancar las operaciones, para generar ingresos y evitar inmediatamente el deterioro de las instalaciones, mientras los procesos judiciales y políticos se resolvían. Las autoridades perfectamente pudieron elaborar prebases de licitación para interesar a todas las empresas internacionales competentes y concederlo, cuidando los intereses del Estado, quizá no en 40 días, pero sí en 90, o sea, en la mitad del periodo que lleva la intervención. Quién sabe qué ocurrirá, pero lo que empezó mal está terminando mal con un contrato de “sastre”, hecho a la medida, cuando pudo haberse corregido, haciéndolo abierto, transparente y competitivo. Para Jimmy Morales y el Congreso, que estrenará en 60 días una junta directiva que promete de qué hablar, comienzan en serio, ahora, las manchas del tigre.

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