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Opiniones de hoy

La mentada ejecución presupuestaria

opinion

Bien harían las autoridades en al menos explicar cómo pretenden continuar las obras para las que reclaman más presupuesto.

 

Uno de los temas que siempre se menciona para revisar los avances de la acción gubernamental es la famosa ejecución presupuestaria. Esta consiste en la utilización (o ejecución) del presupuesto autorizado a las distintas entidades públicas en cada año. En este 2016, al 15 de noviembre, el Gobierno ha ejecutado el 75 por ciento de su presupuesto, es decir que para el mes y medio restante para finalizar el año le queda pendiente el 25 por ciento del monto máximo de gastos que puede realizar, lo cual parece poco probable, porque no se trata solamente de gastar, sino de cumplir procesos legales de compras y contrataciones, y generar resultados con los recursos utilizados. Y en realidad ese es el aspecto que debiera importar más: lo que se logra con lo gastado, así como la eficiencia y transparencia con la que se compra y contrata, y no solamente cuanto se gasta de lo autorizado.

Pero llama la atención que los ministerios que menor ejecución presupuestaria tienen son los de Comunicaciones y Desarrollo Social, los cuales han utilizado menos de la mitad de su presupuesto anual. Y en ese afán de mostrar supuesta capacidad y eficiencia en la gestión gubernamental, se corre el riesgo de que en tan solo seis semanas pretendan gastarse el mismo monto de recursos que usaron en los diez meses ya transcurridos. Así que las autoridades encargadas del control y fiscalización del presupuesto público debieran fijar su atención en estas dos entidades. No se trata solamente de sentarse a esperar cuanto son capaces de gastar en lo que resta del año, sino de verificar los resultados efectivos que podrán lograrse, así como que las compras y contrataciones se hagan con apego a la ley.

Pero como en tantos otros temas, el silencio gubernamental es la respuesta ante los problemas. Como muestra, a la fecha no se conoce ni un solo informe oficial que explique cuál es la situación real de los 650 millones de dólares en préstamos externos contratados durante el malogrado gobierno naranja, para la ampliación y reconstrucción de las carreteras hacia Tecún Umán y hacia El Salvador. No se conoce cuanto de eso se pagó y realmente corresponde a avances reales en las obras, y cuanto se perdió en las transacciones oscuras para el enriquecimiento ilícito de los funcionarios de turno y los contratistas. Bien harían las autoridades en al menos explicar cómo pretenden continuar las obras para las que reclaman más presupuesto. Pero no, parece que la complicidad del silencio es la norma más conveniente, así como el anuncio de nuevas concesiones o de alianzas público privadas para supuestamente realizar los proyectos ante la falta de recursos públicos. Se omite malintencionadamente que los recursos necesarios sí estuvieron disponibles pero que se perdieron por la corrupción. Y por supuesto, tampoco se menciona como se asegurará la transparencia en las nuevas negociaciones.

De tal manera que a estas alturas del año, más importante que la cifra de ejecución presupuestaria (alta, media o baja), es asegurar que los recursos utilizados sean para lograr resultados, y que no se sigan perdiendo cientos y miles de millones de quetzales por la corrupción, porque bien podría aparecer un genio que por arte de magia haga aumentar súbitamente el nivel de gasto realizado, pero sin los necesarios controles para asegurar transparencia y beneficios reales para la población.

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