Los acontecimientos políticos del año pasado, que culminaron con la salida de Pérez Molina y el combate a la corrupción que ha encabezado la CICIG, parece no haber tenido mayor efecto en la forma en que funciona e Legislativo. Mientras la tormenta política amenazaba con acabar con todo en la superficie, muchos diputados, cuales peces en el agua,  optaron por perderse en las profundidades del bajo perfil y el relativo anonimato; ahora que las aguas en la superficie están más tranquilas muchos de ellos regresan con sus viejas prácticas y sus particulares intereses. Más allá de los esfuerzos de regularización del servicio civil del Legislativo, la vuelta de las viejas prácticas legislativas es responsable que muchas áreas clave y procesos fundamentales del quehacer parlamentario sigan igual que antes.

Tal y como lo revela un informe recientemente presentado por el CIEN el pasado mes de septiembre, muchos de los procesos sustantivos dentro del Legislativo siguen funcionando de manera deficiente y en contra de lo que manda la propia normativa interna de este organismo. Para muestra un botón, según este Primer Informe Congreso Eficiente, presentado en el mes de septiembre de este año, de 23 iniciativas de ley conocidas por el Congreso entre enero y agosto de 2016, que terminaron convirtiéndose en ley, solamente cinco de ellas cumplieron con el cien por ciento de los requisitos exigidos para aprobar una ley. Según ese informe, en la tramitación y aprobación de una iniciativa de ley “el requisito que más se incumple es el de presentar estudios técnicos o financieros que sustenten las iniciativas, así como respetar el plazo previsto para emitir un dictamen. Aun así, las comisiones de trabajo dictaminan favorablemente y el pleno del Congreso las aprueba en sus distintas lecturas, sin contar con elementos fácticos indispensables para justificar la existencia de la norma y su observancia obligatoria”.

Esta evidencia da cuenta de uno de los tantos cheques en blanco que tienen en su poder importantes y poderosos representantes de la “vieja política”; un riesgo demasiado grande para el país ante la aprobación inminente de complejas e importantes iniciativas de ley durante los próximos meses. Sin duda alguna, como mínimo, mientras se gestan cambios más profundos, sería necesario demandar más transparencia a los diputados y al trabajo que hacen dentro de las comisiones, así como un estricto apego con lo que les manda la normativa referente a la aprobación de leyes.