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Opiniones de hoy

¿Quo vadis?

opinion

las garantías constitucionales no son negociables.

Dicen que cuando Estrada Cabrera fue depuesto y llevado a la cárcel dijo “al fin hoy podré dormir tranquilo, qué cosa tan terrible es el poder”. Y eso que era un tirano. Y eso que no lo acosaba la prensa, ni la libertad de expresión, ni el acceso a la información, ni las investigaciones de la CICIG y MP, combinados. Si el ejercicio del poder tiránico agobia, dentro del complejo juego de fuerzas de un sistema democrático, resulta algo así como un pentatlón. Exige una exhaustiva preparación y condiciones personales. No puede improvisarse.

La realidad poselectoral ha venido a golpearnos a todos en la cara: cada vez resulta más evidente el vacío en la silla presidencial. Y el rumbo del país aparece secuestrado por la niebla. ¿Quién asumirá el liderazgo en el Ejecutivo? ¿Cómo hacer para navegar por los mares tormentosos de una reestructuración del sistema político y administrativo, sin claridad en el timón? Estamos en un callejón donde no aparece, por ningún lado, la salida. En todo caso, una cosa es clara: no se puede dejar todo el trabajo al sistema de justicia.

Pero la salida tampoco puede ir a buscarse por la vía de la anulación de los desafíos que plantea la democracia. Me refiero a la última vacilación del Gobierno: debut y despedida de una extraña restricción de las garantías constitucionales, disfrazada debajo de normas de prevención de riesgos en tiempos de lluvia. ¡Parecía un relato de realismo mágico, estilo García Márquez!

Si de algo sirvió la efímera vigencia del decreto de suspensión de garantías, fue que se constituyó en una revelación de los temores que agobian al Gobierno. La libertad de expresión, la libertad de manifestación pública, son como guadañas. Caen bajo el peso de la desilusión, el desagrado y la condena. El problema no es la ciudadanía, ni los derechos naturales de los habitantes. Aquí, el problema está del otro lado: el ejercicio del poder ha sido errático, confuso, no hay claridad del camino y, para guinda del pastel, ahora resulta que se investiga un caso de corrupción en los círculos familiares más cercanos del presidente.

Y no importando cuáles sean las circunstancias, los límites que establece la Constitución no se pueden eludir sin un fundamento claro, por una sencilla razón: no es legítimo. Un decreto de suspensión de garantías no es un campo de juegos para la acción discrecional del Gobierno, ni puede servirle de tapadera. No estamos hoy en los años ochenta. El país ha evolucionado políticamente y esto no es reversible. Al menos, no es reversible sin que provoque una reacción al estilo de la mítica caja de Pandora.

Duró poco, pero el gesto fue elocuente. El Gobierno se siente asediado y no tiene respuestas.

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