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Opiniones de hoy

Improcedente estado de prevención

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El régimen de Jimmy Morales, mediante el Decreto Gubernativo 05-2016, publicado el martes pasado en el Diario Oficial, decretó el estado de prevención, que es una modalidad del estado de emergencia (o de excepción), en todo el territorio nacional, como consecuencia de los deslaves, riesgos y daños causados por las lluvias.

El estado de emergencia es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el Gobierno puede adoptar para enfrentar adecuadamente alteraciones graves de la normalidad. Según la alteración de la normalidad que se enfrente, el Gobierno puede decretar cinco estados de emergencia: De prevención, de alarma, de sitio, de guerra y de calamidad pública. La finalidad principal de los cuatro primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control del Estado, en tanto que la finalidad del estado de calamidad es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), así como crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves).

El estado de prevención decretado por el presidente Morales, según el Decreto respectivo, debe ser de cumplimiento obligatorio en especial en los lugares de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y quebradas. Entre las medidas a adoptar por el Gobierno se incluye la coordinación con la Conred, para implementar las acciones que atiendan daños provocados por las constantes y fuertes lluvias. Asimismo, se deben instalar cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos, prohibir el ingreso de personas en zonas afectadas o en riesgo y exigir “a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas”.

En el Decreto citado también se restringe la libertad de tránsito y locomoción, así como se autoriza “disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia” y “exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que, a juicio de la autoridad, contribuyan o inciten a la alteración del orden público”, lo que supone una restricción de las libertades fundamentales de locomoción, reunión pacífica, manifestación y expresión de ideas en todo el territorio nacional y no solo en las zonas afectadas.

En nuestra opinión, un estado de emergencia no es el vehículo más idóneo para enfrentar los efectos perniciosos de la estación lluviosa, ya que el mismo está previsto para enfrentar específicas alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y calamidad pública) y no para resolver problemas que deben ser resueltos en el marco de la normalidad institucional.

Para hacer frente a los riesgos, daños y percances que provocan las lluvias, el Gobierno debe formular políticas públicas atinentes y consistentes, que contemplen acciones preventivas y reactivas; y, asimismo, elaborar planes de acción o de contingencia, debidamente financiados, cuyos recursos sean invertidos con eficiencia, transparencia, calidad, prioridad y sin atajos a la ley. Una acción aislada de cortísimo plazo si bien atempera los efectos perniciosos, no resuelve un problema de fondo, como lo es la ausencia de una idónea gestión de riesgo.

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