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Opiniones de hoy

O todos hijos… capitalizar bancos con dinero del contribuyente

opinion

“Para algunos liberales, la fe en el intervencionismo de la banca central va de la mano con el escepticismo respecto del intervencionismo estatal fuera de la esfera financiera”. (Thomas Piketty, ¿Hay que salvar los banqueros?).

El pasado 14 de septiembre Lorena Álvarez de elPeriódico publicó un interesante reportaje sobre la nueva propuesta de reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, presentada a instancias del Ministerio de Economía, y que busca aportar capital proveniente del contribuyente para apoyar a bancos que enfrenten problemas.

Dicha propuesta fue aprobada sigilosamente, como suele suceder en su accionar, por la Junta Monetaria en el mes de junio pasado, mediante senda Resolución, cuyo documento de soporte pretende tener un colchón monetario más para solventar posibles situaciones que afecten el circuito monetario interno, o provoquen un efecto contaminante en el
sistema financiero.

Lo llamativo también es que la propuesta apunta a que el Estado podría pasar a ser accionista de algún banco privado problemático, medida esta que invita a reflexionar sobre nuestro modelo económico y sobre todas aquellas acciones del pasado reciente que intentaron alejar al Estado de todas aquellas áreas reservadas para la iniciativa privada.

Viéndolo en retrospectiva, la banca central intenta desamortajar aquella vieja Ley emitida por el Congreso emelenista, dominado por Arana Osorio, conocida en el argot de la regulación financiera como Decreto 7-72, y que permitió que distinguidos funcionarios del Banco de Guatemala se convirtieran en importantes gerentes bancarios, e incluso liquidadores de activos y pasivos de bancos traviesos.

A grosso modo este escribiente calcula que desde el 2008 hasta el presente la banca central ha cobrado más de Q10 mil millones de dinero público, para resarcir sus pérdidas anuales, siendo importante mencionar que en ese saldo rojo están incluidas las prestaciones y buenos sueldos a los funcionarios de la banca central y de la Superintendencia de Bancos, haciendo a ambos las instituciones más privilegiadas del sector público guatemalteco.

Particularmente no me opongo ni a la medida de capitalizar bancos ni a los privilegios de la tecnocracia monetaria, lo que sí es discutible es la arrogancia de afirmar que ese nuevo subsidio es más importante que incontables necesidades sociales que fueron suprimidas a propósito de la entrada en vigencia de la retórica libertaria y monetarista, que desde los años noventa exclamaban por todos lados el fin del Estado subsidiario, y la vigencia del Estado neoliberal por excelencia.

Si uno se sienta en cualquier mesa de política pública, los especialistas afirmarán que su sector es el más importante: los de la seguridad y justicia piden a gritos más pisto, igual lo hacen los de la educación y la salud, y mientras tanto seguimos con los indicadores sociales más precarios de la región.

Mientras ello sucede, de nuevo el Ministerio de Economía olímpicamente introdujo su propuesta de Inversión y Empleo que busca sacrificios fiscales en beneficio de empresas concretas. Si a ello le sumamos los cuantiosos subsidios como el crédito fiscal a los exportadores, nos preguntamos entonces ¿y las garantías sociales? ¿Por qué entonces ponemos tantos peros para ayudar directamente a los más pobres, mientras las cañerías del dinero fluyen a los privilegiados?

En suma, la medida propuesta por los banqueros centrales representa todo un viraje de su propio modelo, y podría invitar a un momento propicio para revisar políticas monetarias y públicas, inspiradas en esa falsa retórica de que el mercado por sí mismo solucionaría todos nuestros males y que entraríamos en una modernización económica capaz de generar empleo, aportar pisto privado para la educación, y así todos estaríamos felices y contentos, viviendo en el Nirvana que nunca se apareció.

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